CURP digital y padrón móvil: ¿Nos vigilan en México?

La digitalización de la CURP y la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil en México han encendido las alarmas. Organizaciones civiles como R3D advierten sobre riesgos de vigilancia masiva. Te explicamos los hechos.

En un esfuerzo por modernizar la administración pública y reforzar la seguridad ciudadana, el gobierno mexicano ha impulsado iniciativas como la digitalización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la implementación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Sin embargo, estas medidas han generado una considerable controversia y preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos digitales, quienes advierten sobre los potenciales riesgos de habilitar mecanismos de vigilancia masiva y la vulneración de la privacidad de los ciudadanos.

La CURP digital busca facilitar la realización de trámites y el acceso a servicios gubernamentales al contar con una versión electrónica del identificador único de población. Por su parte, el PANAUT fue concebido con el objetivo principal de combatir delitos como la extorsión y el secuestro, al obligar a los usuarios de telefonía móvil a registrar sus líneas con datos personales, incluyendo, en su diseño original, datos biométricos.

A pesar de los objetivos declarados, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han señalado que la implementación de estas herramientas, especialmente el PANAUT, podría abrir la puerta a la vigilancia masiva por parte del Estado, sin las garantías adecuadas para la protección de los datos personales.

La controversia en torno a la CURP digital y el padrón telefónico en México es un claro ejemplo del dilema global entre la seguridad estatal y la privacidad individual, un conflicto que se ha exacerbado en la era digital.

Con frecuencia, el argumento de la «seguridad nacional» o la «lucha contra el crimen» se utiliza para justificar la implementación de medidas que pueden erosionar derechos fundamentales. La clave no reside en oponerse per se a la modernización tecnológica o a los esfuerzos por combatir la delincuencia, sino en exigir que estas iniciativas se diseñen e implementen con un enfoque de «privacidad por diseño y por defecto».

Esto implica la incorporación de salvaguardas robustas, mecanismos de supervisión ciudadana transparentes y efectivos, y una evaluación rigurosa del impacto real de estas medidas sobre los derechos humanos antes de su puesta en marcha. La desconfianza ciudadana, a menudo justificada por antecedentes de opacidad o abuso, solo puede mitigarse con transparencia y rendición de cuentas.

Desde la perspectiva gubernamental, estas iniciativas se presentan como necesarias para:

• * Modernizar la administración: La CURP digital agilizaría trámites y mejoraría la eficiencia de los servicios públicos.
• * Combatir la delincuencia: El PANAUT permitiría a las autoridades rastrear y identificar a delincuentes que utilizan teléfonos móviles para cometer ilícitos, especialmente extorsiones y secuestros.
• * Fortalecer la seguridad pública: Al contar con bases de datos más completas y accesibles, se espera mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en privacidad han levantado serias objeciones, centradas en los siguientes riesgos:

• * Vigilancia Masiva e Indiscriminada: La principal preocupación es que estas bases de datos centralizadas permitan al Estado monitorear las actividades y comunicaciones de ciudadanos inocentes sin una orden judicial o sospecha fundada, vulnerando el derecho a la privacidad.
• * Recolección Excesiva de Datos Sensibles: El PANAUT, en particular, contemplaba la recolección de datos biométricos (como huellas dactilares o reconocimiento facial). La concentración de este tipo de información, que es única e irremplazable, en una base de datos gubernamental aumenta exponencialmente el riesgo en caso de filtraciones o abusos.
• * Falta de Certeza Jurídica y Controles Insuficientes: A menudo, la legislación que acompaña estas iniciativas es ambigua respecto a quiénes tendrán acceso a los datos, bajo qué circunstancias, y cuáles serán los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para prevenir abusos.
• * Riesgo Elevado de Filtraciones y Uso Indebido: México, al igual que muchos otros países, tiene un historial de filtraciones de bases de datos gubernamentales sensibles. Una base de datos con la información de millones de usuarios de telefonía o con datos de la CURP vinculados a otros registros sería un objetivo muy atractivo para actores maliciosos, tanto internos como externos.
• * Dudosa Eficacia para Combatir el Delito: Muchos expertos argumentan que los padrones de usuarios de telefonía son ineficaces para combatir el crimen organizado, ya que los delincuentes suelen utilizar tarjetas SIM robadas, clonadas, registradas con identidades falsas o de otros países. Por lo tanto, estas medidas terminarían afectando principalmente a ciudadanos cumplidos sin obstaculizar significativamente las actividades delictivas.

«La creación de grandes bases de datos centralizadas con información personal sensible, como las propuestas con el PANAUT y la digitalización extensiva de la CURP, siempre conlleva un riesgo inherente de abuso y vigilancia, especialmente si no se acompañan de controles democráticos robustos y una supervisión independiente efectiva.»

La implementación de sistemas de identificación digital y padrones de telefonía no es exclusiva de México. Países como India, con su sistema Aadhaar (que también ha enfrentado críticas por temas de privacidad y exclusión), han recorrido caminos similares.

En Europa, ha habido intensos debates sobre la retención de datos de telecomunicaciones y los límites de la vigilancia estatal. Las lecciones aprendidas en otros lugares a menudo señalan la importancia de establecer salvaguardas legales y técnicas muy estrictas para proteger los derechos de los ciudadanos.

Estas iniciativas deben analizarse a la luz de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Estas leyes establecen los principios y obligaciones para el tratamiento de datos personales, incluyendo el consentimiento, la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad y la responsabilidad.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) juega un papel crucial como órgano garante de estos derechos, y en el pasado ha cuestionado la constitucionalidad de medidas como el PANAUT.

Ante este panorama, los ciudadanos tienen un papel activo que desempeñar:

• * Informarse: Conocer a fondo estas iniciativas, sus implicaciones y los derechos que les asisten en materia de protección de datos personales.
• * Apoyar a la Sociedad Civil: Respaldar el trabajo de organizaciones como R3D y otras que defienden los derechos digitales y la privacidad en México.
• * Exigir Transparencia y Rendición de Cuentas: Demandar a las autoridades que cualquier sistema de recolección de datos se implemente con total transparencia, con mecanismos claros de supervisión y con una estricta rendición de cuentas en caso de abusos o fallos de seguridad.
• * Adoptar Medidas de Protección Digital: Aunque no resuelven el problema sistémico de la vigilancia estatal, herramientas como las Redes Privadas Virtuales (VPNs) y la mensajería cifrada de extremo a extremo pueden ofrecer una capa adicional de protección para las comunicaciones personales.

El debate sobre la CURP digital y el padrón telefónico es un reflejo de la tensión fundamental entre la búsqueda de seguridad y la preservación de las libertades individuales en el siglo XXI. Una sociedad democrática debe encontrar un equilibrio que no sacrifique derechos fundamentales en nombre de una seguridad que, además, podría resultar ilusoria si las medidas no son efectivas y proporcionales.