El PP de Ayuso veta una pregunta para aclarar en la Asamblea si Rodríguez tiene acceso a datos de las residencias

La Mesa de la Asamblea de Madrid, que domina el PP de Isabel Díaz Ayuso, ha vetado una pregunta de Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) que pedía al Gobierno regional aclarar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, tiene acceso “a los datos personales y familiares de las personas que han estado en residencias de la Comunidad de Madrid”. El representante del partido que lidera la oposición registró esa cuestión tras ver cómo el alto cargo afirmaba falsamente que el testimonio de la hija de una mujer fallecida en una residencia madrileña durante la pandemia, y emitido en televisión, no era cierto. Rodríguez, que luego tuvo que retractarse, y admitir la veracidad de lo dicho, publicó un mensaje en X (antiguo Twitter) diciendo que ya tenía “comprobado” quién era la entrevistada. Ahora la Cámara impide aclarar cómo hizo esa comprobación, al considerar el asunto “de exclusivo interés” del diputado que lo pregunta. Una afirmación dolorosa: aunque nunca lo ha hecho público, Abarca perdió a un ser querido en una residencia durante la covid.

“No será admitida a trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieren expresamente a persona que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, explica la Mesa de su decisión, que toma, dice, en aplicación de los artículos 49.1.c) y 192.3.b) del reglamento del Parlamento autonómico.

Y añade: “Considerando, en primer lugar, que el escrito contiene una consulta de dicho género, y, en segundo lugar, que su objeto no es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente”.

Así reacciona Abarca. “No dejo de alucinar”, se queja. “Es extrañísimo”, añade, sorprendido por esa alusión al interés particular. Porque hasta ahora Abarca nunca había contado en público, negándose a usar su caso concreto políticamente, que vivió desgraciadamente de cerca el drama de las residencias durante lo peor de la pandemia.

“Mi suegro fue uno de los muertos en residencias por aplicación del protocolo”, dice. “La médica de la residencia llamó a mi pareja el 25 de marzo diciendo que lo llevarían al hospital pero que la comunidad se lo prohibía. Y el 2 de abril murió”.

Ese drama está en el corazón de la polémica por la que se interesó Abarca en el Parlamento regional. El programa de La Sexta Lo de Évole conmemoró la noche del domingo 16 de febrero los cinco años del inicio de la pandemia del coronavirus con una entrevista a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Durante la emisión, se ofreció el testimonio de cinco familiares de víctimas de las residencias de Madrid, donde miles de mayores fallecieron mientras se aplicaban unos protocolos de triaje que impidieron el acceso a los hospitales de los residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria.

Fue entre marzo y abril de 2020 cuando hizo mayores estragos esa estrategia diseñada para que los centros médicos no colapsaran por un exceso de afluencia de pacientes. El diario InfoLibre, que analizó las muertes por cualquier causa dentro de residencias madrileñas en esas semanas, las cifró en 7.291.

Una de las fallecidas fue la madre de Maite Rodríguez, la mujer cuyo testimonio televisivo intentó desmentir Rodríguez.

“Mi madre tenía 88 años, y la última vez que la vimos fue el sábado anterior al cierre de las residencias, en marzo de 2020. Fue un día normal”, explicó. “A partir de ahí se inició la pesadilla”, siguió con voz entrecortada. “La pesadilla era el no saber absolutamente nada. Obtener información en la residencia se convirtió en un momento agónico del día”, añadió. “Pero lo peor vino después. Lo peor fue cuando recibimos la llamada de la doctora de la residencia diciéndonos que mi madre había contraído el covid”.

“Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares”, reaccionó el mismo domingo MAR, acrónimo por el que se conoce al poderoso jefe de gabinete de la presidenta regional. “No vaya a ser que es [sic] mentira”, añadió en un mensaje en la red social X.

Al poco tiempo, escribió: “Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenia [sic] a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Van,os [sic] a ver el resto”.

Sin embargo, Rodríguez tuvo que rectificar: “Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error”. La realidad es que la madre de la mujer cuyo testimonio intentó desmentir el alto cargo falleció en una residencia de Getafe en abril de 2020, según dos asociaciones de familiares de víctimas, Marea de Residencias y Verdad y Justicia. La semana pasada, apuntan estas plataformas, esa familiar prestó declaración en la Fiscalía.

La hija forma parte de una nueva denuncia presentada en octubre por 109 familiares bajo el paraguas de esas dos asociaciones, que piden al Ministerio Público que investigue al Gobierno de Ayuso por denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios. Esa medida supone una nueva ofensiva procesal de las familias. Desde 2020, las familias han luchado sin éxito en los juzgados para que se condene a la presidenta y a otros dos consejeros por la presunta comisión de homicidio imprudente y omisión de socorro.

¿Accedió Rodríguez a sus datos? Es lo que el Parlamento impide comprobar ahora. El jefe de gabinete de Ayuso niega haber consultado bases de datos. Siete juristas consultados por EL PAÍS coinciden en que, de haberse producido un acceso a registros públicos, lo que niega el alto cargo, Rodríguez y sus hipotéticos cooperantes habrían violado la ley.