Cuenta atrás para los PGE de 2026: Hacienda debe aprobar en quince días la orden para empezar a elaborar las cuentas y atenuar su imagen de debilidad

El Ministerio de Hacienda tiene medio mes para aprobar en plazo la orden ministerial que constituye el pistoletazo de salida para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, un movimiento que marca el inicio de su preparación y que supondrá abandonar definitivamente la posibilidad de aprobar unas nuevas cuentas para este año.

Después de dos prórrogas presupuestarias consecutivas -el país sigue operando hoy con las cuentas que se diseñaron en 2022 para 2023 a base de modificaciones de crédito-, será crucial que este año el Gobierno consiga los apoyos para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. Si no lo logra podría seguir gobernando, pero su imagen de debilidad no tendrá precedentes.

El calendario presupuestario estipula que entre mayo y junio es cuando el Ministerio que dirige María Jesús Montero tiene que aprobar la orden de elaboración de los PGE, que se considera un plan de trabajo que fija los criterios y los plazos que tienen los distintos ministerios para enviarle a Hacienda sus propuestas. La orden no pasa por el Consejo de Ministros y directamente se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Su publicación suele coincidir en el tiempo con el momento en que el Consejo de la Unión Europea acuerda sus recomendaciones específicas por país, relativas al Programa de Estabilidad, que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de las cuentas. Esta previsto que este viernes 20, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros intercambie impresiones sobre el paquete de primavera del Semestre Europeo y apruebe "una nota horizontal" sobre esas recomendaciones.

El siguiente hito en el calendario presupuestario será la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto y que fija un tope máximo-, que se aprobarán en Consejo de Ministros. El año pasado el Gobierno los aprobó a mediados de julio y luego fueron tumbados en el Congreso. En septiembre, acabó retirando su tramitación ante la falta de apoyos.

Hasta que no se cuenta con la orden y, sobre todo, no se aprueban esos objetivos, no comienza realmente la elaboración específica de las cuentas, ya que Hacienda debe conocer cuál es el tope máximo de gasto para lidiar con las solicitudes de aumento de presupuesto de los distintos departamentos. Ahí comienza la negociación interna entre los ministerios y Hacienda hasta conseguir un borrador.

Lo ideal sería que en julio, con lo anterior aprobado, se reunieran las Comisiones de Análisis de Programas y fueran dando forma al proyecto, que se cerrará en septiembre. De esta forma, el Gobierno puede aprobarlo y remitirlo a las Cortes antes del 1 de octubre para poder cumplir así con los plazos y dedicar el último trimestre del año al proceso de aprobación, que gira en torno a la negociación con el resto de partidos políticos. De esta forma, las cuentas se pueden aprobar en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero.

Los últimos dos años cumplir con este proceso ha sido misión imposible para un Gobierno que sufre una importante debilidad parlamentaria y que necesita los apoyos de partidos tan dispares como Junts, Bildu, el PNV o Sumar.