El Gobierno maniobra con otro apaño contable para cumplir con Bruselas en pensiones e ignora los avisos de AIReF sobre el gasto

El Gobierno lleva meses maniobrando para intentar convencer a Bruselas de que la reforma de las pensiones garantiza la sostenibilidad del sistema. Primero presionó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con un maquillaje contable para inflar los ingresos y, aunque aprobó el primer examen, la maniobra generó reticencias en la Comisión Europea. Ahora intenta cumplir con las exigencias comunitarias mediante un nuevo apaño, pero los expertos advierten de que sigue ignorando el problema de base: la fórmula impuesta para el cálculo del gasto no es un indicador válido para medir la sostenibilidad del sistema.

El pasado 31 de marzo la reforma de las pensiones diseñada por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aprobó su primer examen trienal. En su calificación, la AIReF concluyó que no era necesario activar la cláusula de cierre que obligaría a aplicar nuevos ajustes, pero advirtió de que había llegado a ese resultado tras aplicar una regla de gasto que "está muy influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial sobre la sostenibilidad del sistema".

El PP elevó una advertencia a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y Raffaele Fitto, que se comprometieron a revisar el informe de la AIReF. Como telón de fondo, un controvertido decreto aprobado a principios de año en el que el Ministerio de Seguridad Social indicaba a la Autoridad Fiscal que debía considerar como ingresos del sistema de las pensiones las transferencias del Estado, que es el desvío de dinero que se hace cada año para cubrir la insuficiencia de ingresos por cotizaciones a través de impuestos.

Fueron muchos los expertos que calificaron esta maniobra como un movimiento de "maquillaje contable" para aprobar el examen y evitar los temidos ajustes. Y ahora el Ministerio, en un "ejercicio de responsabilidad y transparencia" y "en línea con las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea" ha decidido eliminar el cómputo de estas transferencias como ingresos y pedir un nuevo examen a la Autoridad Fiscal.

En cualquier caso, en su primera evaluación el organismo fiscalizador sólo incorporó una mínima parte de las transferencias como medidas que realmente refuerzan los ingresos del sistema. En concreto, 0,3 puntos del aumento de 1,3 puntos de PIB en transferencias desde el año 2020. Por eso, los analistas auguran que el nuevo apaño que quiere introducir el Gobierno por decreto no variará demasiado el resultado del examen de la AIReF, ya que la mejora del PIB por las revisiones al alza de los últimos años compensarán el ajuste.

El investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC Miguel Ángel García considera "un paso positivo que la Comisión Europea presione para evitar la intromisión del Gobierno en la interpretación de la cláusula de cierre", pero augura que "con la modificación, el resultado será que se pasa el examen pero solo por alguna décima del PIB", lo que permitirá "vender a la sociedad que el sistema garantiza la sostenibilidad financiera cuando la realidad está muy lejos de ser así" porque "aunque se cumpliera la cláusula de cierre, se mantiene un déficit continuado y creciente".

El problema de fondo, por tanto, es que pese a este nuevo arreglo contable con el que pretende solventar la trampa de las transferencias, el Gobierno sigue ignorando la principal advertencia de la AIReF sobre la regla de gasto en pensiones: es ineficaz para el objetivo que persigue. Lo avisa Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE y del Instituto Polibienestar: "Al fin y al cabo es una regla de gasto y aunque cambien algo con la nueva normativa, lo más triste de todo es que no sirve para medir la sostenibilidad del sistema de pensiones".

Pese a la eliminación de las transferencias como vía de ingreso, Devesa cuestiona otras medidas que el Gobierno sigue obligando a cuantificar como ingresos, en concreto, "las que afecten al número de personas obligadas a cotizar, así como las reformas del mercado de trabajo y de otras normas laborales o de empleo que incidan estructuralmente, de manera directa o indirecta, en los ingresos del sistema público de pensiones". Respecto a este punto del decreto, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ya avanzó durante la presentación del informe en marzo que "valorar el impacto de medidas de ámbito laboral o de empleo es un encargo complejo", especialmente cuando el propio Gobierno aún no ha publicado el informe sobre el impacto de la reforma laboral en la temporalidad que debe desde el pasado mes de enero.

En su informe, la AIReF también recomendó al Gobierno que integre la regla de gasto en pensiones en la regla de gasto general del marco fiscal europeo para simplificar el complejo sistema actual. En el nuevo decreto, Seguridad Social recoge esta recomendación y se abre a homogeneizar las reglas «incorporando en el análisis la sostenibilidad en el largo plazo». Para ello, da a la AIReF hasta el 1 de junio de 2026 para que presente un nuevo informe sobre la reforma de las pensiones. Eso sí, manteniendo intacta la fórmula que determina si son necesarios nuevos ajustes en el sistema y que la Autoridad Fiscal ya ha dictaminado que no es válida.

La cláusula de cierre la pactó con Bruselas el exministro Escrivá en marzo de 2023 como condicionante para evitar desviaciones excesivas en el gasto tras vincular la revalorización de las pensiones al IPC. Más de dos años después, el actual gobernador del Banco de España se ha borrado del debate sobre la sostenibilidad del sistema al afirmar que el banco central no tiene "capacidad técnica" para evaluarla, dejando toda la responsabilidad del análisis a la AIReF. Mientras, en un contexto de evaluación continua de las reformas vinculadas a los fondos europeos, las autoridades comunitarias han emitido una serie de recomendaciones al Gobierno español sobre este tema, según admiten desde la dirección del actual Ministerio de Seguridad Social, lo que ha llevado a redactar este nuevo decreto "en un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema", afirman fuentes del departamento que pilota Elma Saiz.