Las alertas de los empresarios por lo aprobado en último debate en la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral que se aprobó en su último debate en el Senado ha recibido una serie de críticas por parte de los empresarios debido a los costos salariales que supondría, en especial, para las micro y pequeñas empresas. Además, aseguran que no busca crear empleos e impactará en la informalidad.

Algunos de los artículos que tendrían mayores costos son el de adelantar los recargos nocturnos a las 7 de la noche (hoy comienzan a las 9 p.m.), el de subir el pago de los dominicales y festivos del 75 al 100 por ciento y volver laboral el contrato de aprendizaje.

Según el gremio de los comerciantes Fenalco, con esta reforma se incrementarían los costos laborales entre un 18 y un 34 por ciento, en función de la actividad económica y el tamaño de la empresa, lo cual desincentivará la contratación formal, impulsará la informalidad y generará una cadena de impactos negativos como cierres de negocios, aumento de precios para los consumidores y reducción de oportunidades laborales.

“Una reforma que pone en peligro a las micro, pequeñas y medianas empresas y considerada inviable, hace apenas unos meses, no puede ahora presentarse como buena para el país, solo porque sirve como moneda de cambio para frenar una consulta popular costosa y engañosa. Es una decisión equivocada, nacida de presiones, chantajes y cálculos políticos, no de un verdadero análisis técnico ni de un diálogo social genuino”, advirtió el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal.

El mayor impacto lo recibirían comercios como tiendas, panaderías, cafeterías de barrio y negocios que son los que operan en horarios extendidos o fines de semana, así como sectores como la gastronomía, el turismo, la vigilancia y el transporte.

“No es justo que estos negocios terminen pagando los costos de decisiones tomadas bajo presión política. La reforma penaliza precisamente a quienes más empleo generan”, sentenció Cabal.

Para Rodolfo Correa, presidente de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la reforma generaría pérdidas importantes para el sector empresarial y pondría en riesgo su estabilidad. “Para la pequeña empresa estamos calculando una pérdida de 157 millones de pesos al año y para las micro representaría un mayor gasto cercano a 22 millones de pesos anuales”, aseguró.

Adicional a ello, indicó que la reforma ayudaría a crear más puestos de trabajo y elevaría la informalidad. “El proyecto no va a beneficiar a la mayoría de la población. Solo a 10 millones de trabajadores, pues otros 12 millones están en la informalidad y cerca de 2,5 millones en condición de desempleo”, señaló.

Entre tanto, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que traería riesgos como desincentivo al empleo formal, menor competitividad y flexibilidad, desconexión con nuevas formas de trabajo, distorsión del contrato de aprendizaje y el cierre de las pymes.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), lamentó que el Congreso no aprobó la propuesta que buscaba que los recargos nocturnos no se adelantaran para las pequeñas y medianas empresas y determinados sectores, como habían pedido los empresarios.

“Al no generar excepciones alrededor de las pymes se está cometiendo un error grande. Creemos que el país corre un riesgo inmenso que va a producir informalidad y desempleo”, manifestó el líder gremial.

En concreto, desde la Asociación de Empresarios de Bares (Asobares) le habían solicitado al Congreso que se incluyera un régimen de recargos nocturnos especial y excepcional para ciertas actividades como bares, discotecas, gastrobares y hoteles en el país.

Camilo Ospina, presidente del gremio, le dijo a este medio que lo aprobado castiga al sector que opera en la noche. “La nómina se incrementará entre el 17 y el 25 por ciento. Eso quiere decir que a un pequeño negocio que pague 25 millones de pesos hoy de nómina, se le podría incrementar a 32,2 millones de pesos. Además, con cada hora que se reduzca la jornada nocturna se perderán 11.500 empleos formales”, sentenció.

Fedeseguridad, gremio del sector de la vigilancia y la seguridad privada, también había pedido establecer una serie de excepciones. En su caso, pedían que el recargo al 100 por ciento sería solo en los dominicales o descansos y no en los festivos. Además, que el aumento del recargo debería ser de 80, 90 y 100 por ciento y empezar también en los eneros del 2026, el 2027 y el 2028, respectivamente.

“Los cambios en la jornada y los recargos pueden hacer inviables muchos contratos, reducir la demanda de servicios legales de vigilancia y terminar en despidos masivos, afectando a miles de familias, además de la seguridad ciudadana”, alertó su presidente, Nicolás Botero.

Para el presidente de Acopi, la pretensión de asimilar el contrato de aprendizaje a un contrato laboral desnaturaliza su esencia jurídica y pedagógica. "Equiparar esta figura a una relación laboral implicaría distorsionar su naturaleza jurídica, vaciando de contenido el principio de progresividad del derecho a la educación y afectando la armonización del sistema de formación para el trabajo", explicó.

Igualmente, opinó que desde el punto de vista económico y empresarial, convertir el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral generaría cargas parafiscales, tributarias y prestacionales que serían "inviables" para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy acceden a la formación de talento humano a través de esta modalidad.

"Tal transformación provocaría una drástica reducción en la oferta de cupos de aprendizaje, perjudicando a los jóvenes de estratos más vulnerables que encuentran en el Sena y en las empresas su primera experiencia formativa real. Esta medida podría incluso llevar a la informalización de prácticas empresariales ante la imposibilidad de asumir nuevas obligaciones laborales", aseguró.

En concreto, sobre los aprendices del Sena el centro de pensamiento Anif señaló que la actual reforma laboral pretende elevar la monetización de la cuota de aprendizaje de 1 a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz que no se contrate.

Esta modificación tiene dos puntos preocupantes para Anif. De un lado, la multa por no cumplir con la cuota de aprendices es mayor. Del otro, se ignora el sobrecosto económico las empresas con la incapacidad de incrementar su tamaño empresarial, pues ahora el costo monetario es por cada aprendiz que no sea contratado.

"Ese efecto es perjudicial en doble vía, pues además de encarecer de forma relativa los aprendices versus personal con experiencia, castiga a las empresas justamente por la falta de diseño de ese incentivo económico", aseguró.