Zahara de la Sierra, el pueblo gaditano pionero en implantar la jornada de cuatro días

Zahara de la Sierra es un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz de apenas 1.400 habitantes y un ayuntamiento con una plantilla de 32 personas. Desde esta semana, estos empleados podrán decidir si permanecen en su jornada de cinco días o prefieren pasar a cuatro días. Y quien opte por la última opción, librará de forma rotativa lunes o viernes, aunque también tendrán que optar por trabajar una tarde para cumplir con la semana laboral de 35 horas.

Lo novedoso no es la jornada de cuatro días en sí, que ya han aplican algunas empresas, sino que 'el experimento' laboral se ha puesto en marcha por primera vez en una en una administración española. Ha ocurrido después de que llegaran a buen puerto las negociaciones del convenio que han mantenido el alcalde socialista del municipio, Santiago Galván, con el comité de empresa, del que forma parte el sindicato CSIF.

La implantación de la jornada de cuatro días semanales está siendo voluntario para los trabajadores gaditanos, pero no lo serán las 35 horas que recoge el nuevo convenio del ayuntamiento de Zahara de la Sierra, que hasta ahora incluía 37,5. El consistorio deja así atrás el objetivo que desde hace más de un año persigue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sin ningún éxito.

Tras más de once meses de negociaciones, en diciembre pasado la también ministra de Trabajo pactaba sólo con los sindicatos la reducción, que ha quedado atrapada en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos para que prospere; la aritmética parlamentaria no está acompañando. Junts se mantiene en el no y PNV tiene serias reticencias a la que estaba llamada a convertirse en la medida estrella de la legislatura.

Las nuevas reglas laborales que se ponen en marcha en el consistorio gaditano pueden servir como 'punta de lanza' tanto para el resto de administraciones como para el conjunto del mercado de trabajo, insiste el sindicato de funcionarios, para el que así sucedió con el permiso de paternidad de 15 días, que inicialmente se implantó para los empleados de la Administración del Estado en 2005 y posteriormente se extendió a todos los trabajadores con la Ley de Igualdad.

Ahora, coincidiendo con el debate sobre la reducción de la jornada CSIF está reclamando al Gobierno la semana laboral de 35 horas en todas las administraciones y en todos los ámbitos desde las actuales 37,5 horas, que «de manera progresiva se está extendiendo en las diferentes comunidades, salvo excepciones como la Administración del Estado», explica. Pero de forma paralela la central insiste en «ensayar proyectos» que permitan distribuir las 35 horas en cuatro días semanales «garantizando en todo caso -dicen- la prestación de los servicios a la ciudadanía».

Para el sindicato mayoritario entre los empleados públicos, «esta propuesta abre la puerta a reflexionar sobre cuestiones como la conciliación de la vida laboral y personal, la reducción del estrés laboral y la prevención del 'burnout'». Asegura también que «en un contexto donde cada vez más empleados públicos experimentan altos niveles de presión y sobrecarga de trabajo, como sucede por ejemplo en el caso de la sanidad, resulta esencial avanzar hacia modelos que prioricen la salud mental, el equilibrio vital y la sostenibilidad del ritmo laboral».

La jornada de cuatro días ha sido una reivindicación de partidos de izquierda como Sumar, a la que a finales del pasado año se sumó también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con una propuesta que marcó claramente distancias con el partido liderado por Yolanda Díaz, sobre todo después de que cambiara impresiones sobre la medida con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

La música de la propuesta del PP no sonó con especial agrado entre los empresarios, aunque las aguas finalmente volvieron a su cauce con un mismo discurso: el recorte debe acordarse en la negociación colectiva, lejos de imposiciones legales como las que pretende Yolanda Díaz, y teniendo en cuenta las diversidades sectoriales del tejido productivo y productividad. Esta han sido los argumento del tejido empresarial, muy preocupados por el daño de un recorte de jornada sin reducción de sueldo haría a las pymes.