Caso Montoro: siete años en la sombra, pocos medios y muchas batallas internas

El 24 de abril de 2018, los Mossos d’Escuadra encontraron por casualidad un correo que les hizo saltar las alarmas sobre el antiguo despacho de Cristóbal Montoro, Equipo Económico (EE) y los contactos existentes con el Ministerio de Hacienda siendo el propio Montoro titular. El juez Rubén Rus envió ese correo a la Audiencia Provincial de Tarragona para que decidiera qué juez debía investigarlo. Al haber aparecido ese mail en el marco de una causa suya abierta contra una empresa gasística, el tribunal ordenó que fuera él quien asumiera la investigación. En agosto, Rus comenzó a tirar del hilo. Lo primero que hizo fue dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción y declararlo secreto.

En la intrahistoria, los Mossos eran conocedores de que una fiscal de Anticorrupción, Carme García Cerdá, tuvo ya una investigación abierta a Equipo Económico. Ella era quien podía conocer el funcionamiento interno de este despacho, compuesto por personas de máxima confianza de Montoro y exaltos cargos de Hacienda. Esta fiscal ya había llevados casos de corrupción del PP, había logrado encarcelar a Francisco Granados, exnúmero 3 de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre; y había codirigido la investigación conocida como ‘caso Lezo’, por la que el sucesor de Aguirre, Ignacio González, también fue encarcelado. En su época de Valencia, había llevado como fiscal el caso de Terra Mítica

El juez Rus, natural de Aragón, había llegado hacía dos años a dirigir el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, después de cinco años de carrera. Es un magistrado tranquilo, metódico y sin prisa, tal y como lo describen quienes le han tratado. No es un juez reivindicativo, no es un juez dado a la notoriedad, no es un juez protagonista, o de esos “estrella” como se llama en el argot judicial.

Durante estos siete años, Rus ha hecho lo que ha podido en su Juzgado por sacar adelante una causa que a todas luces desbordaba la capacidad de un juzgado con los medios técnicos, materiales y humanos muy limitados, tal y como reconocen fuentes jurídicas. Incluso el instructor ha tenido que escanear partes de la causa para poder sacarla adelante.

Las tensiones en la Fiscalía comienzan con el inicio de la investigación formal a Montoro en 2021

Cuando se levantó el secreto de sumario de llamado caso Montoro, una trama en Hacienda que salpica al exministro, a ocho exaltos cargos de Hacienda y a varias empresas, una de las principales críticas y ataques al asunto es el tiempo que ha estado bajo secreto, en total siete años.

La explicación es, entre otras, la soledad en una investigación que ahora se ha conocido puede tener numerosas vertientes. Un equipo de los Mossos inició, bajo las órdenes del juez, el análisis de quién formaba Equipo Económico y qué empresas estaban tras la AFGIM, la asociación de empresas gasísticas había contratado al despacho para tener “vía directa” con Montoro para impulsar una reforma legislativa que les hiciera pagar menos impuestos.

El primer informe no se hizo esperar. En noviembre del 2018, los agentes entregaron su primer análisis. Y eso bajo la máxima discreción para evitar que desde la Generalitat se utilizara políticamente esta investigación, en un momento de máxima tensión con los líderes del procés encarcelados a la espera de juicio por un delito de rebelión. Los Mossos querían evitar la utilización partidista de esta causa, y lo lograron porque durante todos estos años ha permanecido en el anonimato.

Durante un año, los Mossos entregan varios informes donde van más allá y ya apuntan a más conexiones entre EE, Montoro y empresas que buscaban reformas legislativas favorables. En febrero de 2019, la Fiscalía Anticorrupción ya habla de hasta cuatro delitos. El perito de la Agencia tributaria (AEAT) de auxilio judicial va entregando durante estos años varios informes hasta que llega diciembre de 2021. El último año y medio la causa se había ralentizado a causa de la covid-19. Sin embargo, el auto del juez en el que dar por investigados a Montoro y una lista de personas más provoca un cambio de criterio entre la fiscal y su jefatura. Aunque no lo pusiera por escrito, García Cerdá era favorable a que el instructor interviniera el teléfono a varios socios de EE. De ahí que los Mossos lo pidieran y el juez accediera.

El juez llevaba dos años en el Juzgado cuando inició la causa y la fiscal lleva el ‘caso Lezo’ y ‘Púnica’

El teniente fiscal, número dos de Anticorrupción, pidió la nulidad y la Audiencia Provincial de Tarragona le dio la razón. Cuarenta días después, el juez suspendió los ‘pinchazos’, ante el criterio encontrado dentro de la propia Fiscalía. En paralelo, la Generalitat remueve al responsable de Anticorrupción de los Mossos. Él mismo denunció que su cese había sido por perseguir a políticos y su hermetismo anti filtraciones.

La causa, en cierta manera, quedó desierta, pero el juez siguió prorrogando el secreto a la espera de que la Fiscalía aclarara su rumbo. A partir de entonces, los escritos de la fiscal debían ser visados hasta que recibió la orden de no investigar los correos electrónicos con datos sensibles desde la AEAT al equipo de Montoro. La fiscal planteó una junta de fiscales en el 2023 pero la perdió. Mientras tanto, la UCO ha tardado un año y medio en elaborar un informe sobre los movimientos bancarios, con un éxito limitado para la investigación. Con el secreto ya levantado, las defensas intentarán anular una causa que ha destapado en funcionamiento de una presunta organización criminal dentro de Hacienda.