El drama de ex-Farc que salieron de espacio de reincorporación por violencia de las disidencias

El 19 de febrero, los excombatientes que residían desde hace ocho años en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad, ubicada en la vereda Nueva Esperanza, Mesetas (Meta), empezaron a bajar las tejas de zinc de los techos de las viviendas, a envolver sus enseres con telas y plásticos y a desarmar las construcciones de madera en las que funcionaban, por ejemplo, la oficina de turismo de la zona.

Siete días después, este 26 de febrero, 24 excombatientes y sus familias abandonaron el territorio y se refugiaron en el casco urbano de Mesetas, debido al temor causado por los enfrentamientos entre los dos grupos disidentes que luchan por el control de las economías ilícitas en la región.

“Ha llegado el momento de la despedida y lo hacemos de corazón. Queremos agradecerles por cada momento compartido, por cada sonrisa, por cada aprendizaje, gracias por todo vereda Nueva Esperanza”, se lee en un corto mensaje de despedida publicado en redes sociales.

Aunque las primeras amenazas contra los excombatientes de paz llegaron el 17 de febrero, el temor por las consecuencias de la confrontación armada entre la facción leal a alias Calarcá Córdoba, hoy conocida como ‘Estado Mayor de los Bloques’, y la que abandonó el proceso de paz y hoy bajo el mando de alias Iván Mordisco, denominada ‘Estado Mayor Central’, ya era latente.

En dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en julio de 2024 y enero de 2025, se advertía sobre la consolidación y expansión del Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras de ‘Calarcá’ que actualmente participa en una mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. También se señalaba el riesgo inminente de que, en medio de su guerra con antiguos aliados, se provocaran graves episodios de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado y violación de derechos humanos.

“El Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (comandancia de ‘Iván Mordisco’) ha irrumpido en territorios hegemónicamente controlados por ‘Calarcá Córdoba’ y este, a su vez, en aquellos dominados por el primero, dando comienzo a las confrontaciones que aquí se advierten”, señaló la Defensoría hace más de un mes.

Esta situación provocó, al igual que en marzo de 2023, cuando decenas de familias abandonaron el ETCR de Miravalle (Caquetá) debido a la disputa territorial entre la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Estado Mayor Central’, el quiebre del tejido social y comunitario que se había construido en ese lugar.

“La situación que se viene presentando en general en la región es conocida. En el sur del Meta nosotros hemos tenido casos de desplazamiento forzado ya de tres colectivos de firmantes de paz por las mismas razones: amenazas de diferentes grupos armados que les exigen retirarse de ese territorio”, señaló Manuela Marín, delegada de la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), quien participó en el PMU que instaló el Gobierno este martes en la vereda Nueva Esperanza.

Cabe mencionar que la NAR Simón Trinidad fue establecida en 2017 para acoger a los excombatientes liberados gracias a las amnistías del acuerdo de paz. Originalmente, alrededor de 500 ex-Farc se asentaron allí, pero hasta hace unas horas solo quedaban 24. Además, allí vivían 23 niños y 28 familiares más de los firmantes.

Desde su fundación, el principal motor económico de la NAR Simón Trinidad fue el turismo, promovido principalmente por la cooperativa Huellas de Manuel. Este grupo de excombatientes ofrecía paquetes de rapel, senderismo y otros deportes extremos en Caño Rojo, una cascada de 40 metros de altura situada a una hora en moto del casco urbano de Mesetas.

El emprendimiento había sido destacado en diferentes medios de comunicación, contaba con el Registro Nacional de Turismo y con el sello “Destinos de paz”, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin embargo, ese esfuerzo podría quedar estancado si en el corto plazo el Gobierno no toma medidas urgentes. “Estamos recogiendo toda la logística que tiene nuestra agencia de turismo porque debemos trasladarnos y desplazarnos de manera forzada de nuestro territorio. Con este desplazamiento nuestra iniciativa queda paralizada, una iniciativa que ha beneficiado a todas nuestras familias”, señaló una de las firmantes que vivía en la zona en el video de despedida publicado por los excombatientes.

Pero los problemas en este espacio van más allá de las cuestiones de seguridad. Marín recuerda que en el Simón Trinidad se crearon cooperativas de ganadería y de agricultura que no prosperaron. “Proyectos aprobados tuvieron que ser liquidados, en parte por la falta de garantías en la comercialización y en parte porque la tierra donde están es arrendada, es decir, no es propia y es insuficiente para montar un proyecto de gran envergadura”, señaló, y añadió que a esto hay que sumarle las dificultades por el limitado acompañamiento técnico a las iniciativas.

De ahí que los firmantes, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, realizaran peticiones específicas para su traslado. En el documento solicitan un plan de evacuación integral con recursos logísticos, transporte y protección para las familias, proyectos productivos y bienes, la articulación interinstitucional para garantizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, y seguridad y la atención humanitaria en el lugar de acogida, con acceso a condiciones básicas de vida digna y protección.

Asimismo, hablan de garantías de acceso a la tierra y una solución definitiva con el establecimiento de un nuevo asentamiento y viviendas dignas. Además, piden garantizar la educación de los niños y adolescentes.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, durante el Puesto de Mando Unificado del martes, se comprometió a realizar varias acciones para atender la crisis. Como primera medida, la entidad activará la ruta de atención al desplazamiento forzado en coordinación con las autoridades locales.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de la mesa de tierras para gestionar nuevos predios, distintos a los ya ofrecidos por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de facilitar el traslado. “El ICBF garantizará la atención a la primera infancia y la ARN asegurando los beneficios a la población firmante del NAR, incluyendo asignación mensual y apoyos económicos”, agregaron desde la entidad.

También hay traslados pendientes en El Carmelita (Putumayo) y Charras (Guaviare) y casos críticos en Monterredondo en Miranda (Cauca) y en Caño Indio (Norte de Santander), en donde la situación se agravó tras la ofensiva del Eln y la respuesta de las disidencias en la región del Catatumbo.

La solución del Gobierno ante estos episodios ha sido el traslado de los firmantes a otros predios o espacios de reincorporación. Por ejemplo, en 2020, 93 excombatientes de las Farc fueron traslados de Santa Lucía a Mutatá, en el Urabá, luego de que 11 de ellos y dos de sus familiares fueran asesinados.

“Hay una institucionalidad comprometida, desafortunadamente no en los tiempos y en los ritmos que nosotros quisiéramos o que la población espera. Hay ejercicios burocráticos muy difíciles, es decir, si nos tienen enredados en decretos, normatividad y demás, y pues hay que atender esa situación precisamente para dar prioridad, pues a una población que es objeto de especial protección”, concluyó Marín.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)