Illa da impulso a la legislatura con los nuevos acuerdos bilaterales con el Gobierno

La principal conclusión política que surge tras la nueva ronda de reuniones bilaterales entre el Gobierno central y el de la Generalitat, celebradas este lunes en Barcelona es que, a corto y medio plazo, la legislatura catalana gozará de suficiente estabilidad. Así se desprende tanto de gestos, no menores, como la reunión del sábado entre Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, como del alcance de los acuerdos sellados hoy entre Gobierno central y el de la Generalitat en materia de seguridad, justicia e inversiones. Todo a falta de formalizarse, este viernes, los que se consideran más relevantes, sobre la condonación de la deuda pública catalana y la financiación autonómica.

La reunión en Palau entre Illa y Junqueras ya avanzaba un buen desenlace. La foto de ambos dirigentes representa la satisfacción de los republicanos con el grado de cumplimiento de los acuerdos para la investidura de Illa. El líder de ERC incluso presumió de ello el sábado, al haber conseguido que pactos como el de Rodalies se sellen en 10 meses y no a lo largo de la legislatura, y se vanaglorió este lunes de haber pactado con el Gobierno una condonación de 17.104 millones de euros de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el 22% de la deuda catalana, superando así la estimación apuntada en el acuerdo de investidura -15.000 millones, el 20%-. “Hemos ido más allá de lo inicialmente previsto”, certificó el líder de ERC. Esta cantidad representa el 20,5% de la deuda que el Gobierno prevé condonar a todas las autonomías, en total 83.252 millones de euros.

Junqueras defendió la capacidad negociadora de su partido en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de recomponer las relaciones con sus socios, en especial con Junts, de ahí que los republicanos no solo asuman como propios los acuerdos alcanzados en las comisiones bilaterales sino que se arroguen su paternidad.

El compromiso es aumentar la plantilla de Mossos hasta los 25.000 agentes en 2030 y contar cn 60 nuevas unidades judiciales

Aunque el acuerdo sobre la quita del FLA aún tiene que ratificarse en la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales que se celebrará el viernes 28, de las comisiones celebradas este lunes, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Comisión Mixta de Transferencias, encabezadas por el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el conseller de Presidència Albert Dalmau, surgieron una veintena de acuerdos que vienen a cumplir con preceptos acordados con ERC y Comuns para la investidura de Illa.

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Especialmente importantes para el Govern socialista son los pactos sobre seguridad y justicia. Por un lado, el Gobierno central ha asumido el compromiso de aumentar los efectivos de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030, superando así el techo de los 22.006 acordado en la junta de seguridad del año 2021. Y por otro lado, se ha sellado un aumento del número de jueces en Catalunya -el Govern calcula unos 60 más para llegar a la media española de 12 jueces por cada 100.000 habitantes- para luchar con mayor efectividad contra la multirreincidencia delictiva. En todo caso, el acuerdo prevé la convocatoria de una reunión durante el segundo semestre de este año para concretar las plazas necesarias.

Se creará el consorcio de inversiones que exige ERC y se calcularán los recursos que corresponden por la adicional tercera

Otro de los acuerdos importantes sellados este lunes tiene que ver con las inversiones y la disposición adicional tercera del Estatut, que versa precisamente sobre esta materia. Gobierno y Generalitat han pactado avanzar en la creación del consorcio de inversiones previsto en los acuerdos de investidura con ERC, un organismo que tendrá por objetivo realizar un seguimiento y acelerar las inversiones del Estado en Catalunya y que, según el PSC, la intención es que esté en funcionamiento en enero del 2026.

El acuerdo vinculado al cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut ratifica la voluntad de los dos gobiernos de “darle un cumplimiento positivo”, de manera que se acuerda la creación de un grupo de trabajo para calcular la cantidad de recursos que corresponden a Catalunya fruto de la disposición adicional tercera entre los años 2009 y 2013.

El Govern prevé un acuerdo para paliar la falta de secretarios e interventores en los ayuntamientos

Otro de los acuerdos a los que el Govern de Illa da especial importancia es el relativo a los funcionarios municipales de habilitación nacional. Dalmau y el ministro Óscar López alcanzaron un acuerdo el mes pasado para que la Generalitat, por primera vez, se hiciera cargo de una promoción de más de 200 funcionarios municipales de habilitación nacional para cubrir parte de la falta de secretarios, interventores y tesoreros, y con el acuerdo suscrito, la Generalitat podrá impulsar la oferta pública de plazas de funcionarios de habilitación nacional, así como la selección, formación, nombramiento y asignación, como hace en la actualidad el País Vasco. En Catalunya solo el 36% de los 1.569 puestos de funcionario habilitación nacional está cubierto.

“Más mossos, más juzgados, más recursos, y más competencias para fortalecer nuestro autogobierno”, ha resumido el conseller Dalamu en rueda de prensa conjunta con el ministro Torres tras la celebración de las comisiones. Dalmau resaltó la “nueva etapa centrada en dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos” que impera en la Generalitat y el hecho de que “la política de colaboración da mejores resultados que la política de confrontación”, algo en lo que coincidió con Torres.

Por su parte, el ministro destacó que “es un buen día para el Gobierno”, tras recibir la noticia de la retirada de la moción de confianza de Junts, y que “gobernar significa responder a los acuerdos y avanzar con quienes han hecho posible este gobierno, la investidura y la legislatura”. En cambio, “no sé si es buen día para los que están en el catastrofismo y en al negación”, cuestionó en referencia al PP.

Gobierno y Generalitat también han pactado crear un grupo de trabajo para la creación de una ventanilla única de atención ciudadana integrada; la cesión de dos edificios de Barcelona y crear otro grupo de trabajo para identificar solares e inmuebles del Estado que puedan ser de interés para la Generalitat.

Igualmente se han desbloqueado hasta 14 transferencias que ya se acordaron traspasar en 2022) pero que aún estaban pendientes. Entre ellas, la transferencia de la titularidad de infraestructuras hídricas como el canal Xerta Sènia (Tarragona) y una decena de obras hídricas; en materia de conservación de la naturaleza, la transferencia de dos fincas rústicas, y en educación, la gestión de las becas, que a partir del año que viene será permanente por parte del Govern y para lo que la Generalitat recibirá una transferencia de 2,1 millones de euros al año.