Reforma Judicial a Debate: Choque de Visiones en Foros Nacionales

La arena política mexicana se caldea con el inicio de los foros nacionales dedicados a la polémica Reforma Judicial. Morena, el partido en el poder, reafirma su intención de llevarla adelante, mientras la oposición y voces expertas alertan sobre los peligros de una posible subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y exigen un diálogo que conduzca a un verdadero consenso.

La jornada política de este viernes 13 de junio de 2025 está ineludiblemente marcada por el arranque de los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial, una iniciativa que ha polarizado opiniones y generado considerable nerviosismo en los mercados financieros. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ha sido contundente al afirmar que «nada detendrá la reforma judicial» , una declaración que subraya la determinación del oficialismo por concretar los cambios propuestos. Esta postura se mantiene firme a pesar de las turbulencias económicas que siguieron a comentarios previos sobre la intención de acelerar el proceso legislativo.

Los foros, cuya organización corre a cargo de la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han convocado a una amplia gama de actores. Se espera la participación de legisladores de todas las fracciones parlamentarias, los once ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes de los tribunales de justicia de las 32 entidades federativas, así como miembros del sindicato de trabajadores del Poder Judicial.

La agenda propuesta por la Cámara de Diputados es extensa y abordará cuestiones fundamentales como: «¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?». También se discutirán la conformación y reorganización del Poder Judicial, incluyendo aspectos de austeridad, la gestión de fideicomisos y los derechos laborales de sus trabajadores. Otros temas cruciales en la mesa serán la división de poderes y, de manera central, la propuesta de elección popular de ministros, magistrados y jueces. Por su parte, la UNAM centrará sus discusiones en la integración de la SCJN, la creación de un nuevo órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina, además de analizar la viabilidad y consecuencias de la elección popular de los impartidores de justicia.

* Sugerencia: Una imagen del Congreso o de la UNAM con un titular superpuesto sobre los foros, o un video corto con fragmentos de declaraciones de los principales actores políticos.

Desde la acera opositora, el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido claro: sus legisladores votarán en contra de la reforma tal como está planteada actualmente. Consideran que la iniciativa, lejos de fortalecer la justicia, pone en grave riesgo la independencia judicial y podría derivar en una supeditación del Poder Judicial al Ejecutivo. No obstante, han dejado la puerta abierta a una discusión que lleve a una reforma «consensuada», que atienda las deficiencias del sistema de justicia sin minar su autonomía e independencia.

* «El problema de esta reforma no está planteando resolver las problemáticas del día a día… se está buscando quitar a todos los jueces magistrados y ministros que están actualmente… y que los nuevos jueces ministros y magistrados estén supeditados al régimen», expresó un legislador del PAN, detallando sus preocupaciones.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también ha refrendado su voto en contra, calificando la reforma como un «retroceso» y haciendo un llamado urgente a un proceso legislativo que sea genuinamente transparente y participativo, donde todas las voces sean escuchadas y consideradas.

Las preocupaciones no se limitan al ámbito político nacional. Numerosos estudios y organizaciones de la sociedad civil y del ámbito jurídico, tanto mexicanas como internacionales, han encendido las alarmas. Instituciones como La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford, y el Colegio de Abogados de Nueva York, han advertido sobre los serios riesgos de politización que implicaría la elección popular de jueces, la potencial afectación a la independencia judicial y el consiguiente debilitamiento de los contrapesos democráticos en el país. Algunos análisis incluso comparan la propuesta con el sistema judicial boliviano, señalando los desafíos que aquel modelo ha enfrentado, y advierten sobre la posibilidad de una «grave crisis de impartición de justicia» en México si la reforma se implementa sin modificaciones sustanciales.

Estos foros se perfilan, por tanto, no solo como un ejercicio de parlamento abierto, sino como un verdadero campo de batalla de ideas y visiones sobre el futuro de la justicia en México. Para el oficialismo, representan la oportunidad de legitimar una reforma que consideran necesaria y transformadora. Para la oposición y los sectores críticos, son una plataforma crucial para expresar su disenso, alertar sobre los riesgos y, quizás, influir en la opinión pública y en la redacción final de una de las reformas más trascendentales de los últimos tiempos. La gran interrogante es si estos espacios de diálogo lograrán modular la postura del partido mayoritario o si se convertirán en un mero trámite antes de una aprobación ya decidida.

Un punto de tensión fundamental, aunque no siempre explícito en las mesas de debate, radica en el dilema entre «idoneidad vs. lealtad» en la selección de los futuros impartidores de justicia. Si el mecanismo de elección popular y, crucialmente, la nominación de candidatos, queda predominantemente en manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo –actualmente con mayoría oficialista–, existe el temor fundado de que se priorice la afinidad política sobre la capacidad técnica, la experiencia y la independencia, cualidades esenciales para un Poder Judicial robusto e imparcial.