Pena de cárcel, multa... ¿Qué arriesga François Bayrou si miente ante la comisión de investigación de Bétharram?

Siempre es más fácil decir la verdad. Especialmente ante una comisión de investigación parlamentaria . Especialmente porque mentir ante dicho organismo constituye un delito penal. François Bayrou, como cualquier persona que hable bajo juramento ante un diputado, puede ser condenado a cinco años de cárcel y a una multa de 75.000 euros en caso de perjurio.

El testimonio del Primer Ministro, escuchado este miércoles 14 de mayo en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Bétharram, será por tanto analizado palabra por palabra. En primer lugar, porque un jefe de gobierno tiene una obligación moral de responder a la verdad ante la representación nacional, que controla sus acciones. Y sobre todo porque una mentira más ante los "parlamentarios investigadores" reunidos en comisión constituiría sencillamente una violación de la ley.

El alcalde de Pau deberá pues ser preciso y transparente. Y con razón, según la jurisprudencia de la Corte de Casación, "la constitución del delito de falso testimonio presupone la afirmación de un hecho inexacto, la negación de un hecho verdadero o una omisión voluntaria". Esta regla no es específica de la ^Quinta República y fue establecida en 1914.

Sin embargo, sólo una persona ha sido condenada por perjurio. En 2018, el neumólogo Michel Aubier, jefe de servicio del Hospital Bichat de París, respondió ante una comisión de investigación sobre la contaminación atmosférica que no tenía "ningún conflicto de intereses con los actores económicos" . Problema: Michel Aubier también era asesor médico de la empresa Total, por un salario de 50.000 euros al año. Esta mentira, transmitida a los tribunales, le valió una condena.

Este ejemplo, si bien desalienta la mentira, no impide todo perjurio. En particular porque a veces los parlamentarios se niegan a remitir los asuntos al fiscal. En 2012, Frédéric Oudéa, entonces presidente de Société Générale, dijo a los senadores que investigaban la evasión fiscal que su banco ya no tenía nada que ver con los paraísos fiscales. Una mentira que salió a la luz con el escándalo de los Papeles de Panamá.

El ponente de la comisión, el comunista Éric Bocquet , trabajó entonces para transmitir los elementos a la justicia, a lo que la oficina del Senado se negó. Sin embargo, en 2023, el Senado informó de los comentarios de Karim Tadjeddine. El director asociado de McKinsey Francia declaró bajo juramento ante la comisión de investigación sobre empresas de consultoría que la empresa pagaba el impuesto de sociedades en Francia, aunque no había pagado nada a Hacienda desde hacía diez años. Finalmente, se consideró que el delito no estaba suficientemente tipificado.

Otros casos están pendientes. Incluso contra miembros del gobierno. En enero de 2025, se abrió una investigación judicial contra Aurore Bergé , quien, como ministra de la Familia, había negado cualquier vínculo personal con Elsa Henry, delegada general de la Federación Francesa de Empresas de Viveros, durante su audiencia sobre el modelo económico de estos establecimientos.

Además, la justicia dictaminó el martes que el ex secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, no había cometido ningún delito al negarse a comparecer ante la comisión de investigación sobre los excesos presupuestarios, aunque esta negativa puede ser castigada por la ley. Este miércoles, el multimillonario Bernard Arnault también podría ignorar la convocatoria del Senado sobre las ayudas públicas a las empresas. Luego le enviarían otro, antes de su posible transmisión a la justicia...