Cómo se comparan las políticas de Trump y el Proyecto 2025 tras los primeros 100 días

Washington — El presidente Trump se distanció repetidamente del Proyecto 2025 durante la campaña electoral, diciendo que "no tenía nada que ver con " la iniciativa encabezada por la Fundación Heritage, que no la había leído y que no tenía planes de hacerlo.

Pero mientras el presidente cumple 100 días en la Casa Blanca, muchos de los planes que ha presentado desde el inicio de su segundo mandato se alinean estrechamente con los que aparecen en las páginas del extenso proyecto de políticas de 900 páginas del Proyecto 2025, que establece una reforma del poder ejecutivo.

Supervisado por la Fundación Heritage, el Proyecto 2025 fue una iniciativa diseñada para proporcionar una hoja de ruta al próximo presidente republicano, ahora el Sr. Trump. Durante la campaña, el presidente calificó algunas de sus propuestas de "pésimas" y afirmó no saber nada al respecto, aunque el análisis de CBS News mostró que muchas de sus propuestas eran similares a las suyas.

Los autores de algunos de los capítulos de la guía de políticas trabajaron en su primer gobierno y han regresado para el segundo. Russ Vought dirige la Oficina de Administración y Presupuesto, y John Ratcliffe es el director de la CIA , mientras que Peter Navarro, quien fue un importante asesor comercial de Trump durante su primer gobierno, regresó para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Algunas de las medidas que el Sr. Trump tomó en sus primeros días en el cargo restituyen medidas que implementó durante su primer mandato y que fueron revocadas por el presidente Biden. Sin embargo, en otros casos, Trump ha tomado nuevas medidas ejecutivas que reflejan las políticas descritas en el manual de políticas del Proyecto 2025.

Los republicanos han pedido durante mucho tiempo que se desmantele el Departamento de Educación, y esa recomendación también se hizo en el Proyecto 2025, que declaró que "la política educativa federal debería limitarse y, en última instancia, el Departamento de Educación federal debería eliminarse".

El Sr. Trump inició ese proceso con una orden ejecutiva firmada en marzo. El gobierno ya ha recortado el personal del Departamento de Educación y está planeando transferir algunas de sus funciones a otras agencias.

Sin embargo, cerrar el Departamento de Educación requeriría una ley del Congreso.

El presidente critica frecuentemente las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y el día que regresó a la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que pone fin a todos los programas DEI dentro del gobierno federal.

El Sr. Trump afirmó en su orden que las políticas de DEI pueden violar las leyes federales de derechos civiles y excluir a los estadounidenses "que merecen una oportunidad de alcanzar el sueño americano" debido a su raza o sexo.

El Proyecto 2025 también exige que se desmantele el “aparato DEI” en una variedad de agencias.

El libro de políticas del Proyecto 2025 también pide eliminar una variedad de términos, incluidos DEI, aborto e igualdad de género "de cada norma federal, regulación de agencias, contrato, subvención, regulación y pieza de legislación que exista".

Algunos de los primeros esfuerzos de la administración Trump para eliminar las menciones al género o la raza dieron lugar a errores que provocaron una protesta pública y luego fueron revertidos .

Poco después del inicio de su segundo mandato, el Sr. Trump estableció un consejo de revisión para asesorarlo sobre la capacidad de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para abordar con competencia e imparcialidad los desastres que ocurren en Estados Unidos. El consejo también asesorará al presidente sobre los cambios recomendados relacionados con FEMA, según su orden.

La directiva de Trump llegó después de que sugiriera que podría "deshacerse" de FEMA y dejar la gestión de la respuesta a desastres a los estados.

"Para eso están los estados, para solucionar los problemas", dijo a finales de enero.

El Sr. Trump también firmó una orden ejecutiva en marzo que declara que es política de Estados Unidos que "los gobiernos estatales y locales, así como los individuos, desempeñen un papel más activo y significativo en la resiliencia y la preparación nacional", y afirma que su administración "permitirá a los gobiernos estatales y locales comprender, planificar y, en última instancia, abordar mejor las necesidades de sus ciudadanos".

La reforma de FEMA ha generado inquietud sobre la capacidad de la agencia para brindar asistencia ante desastres antes de la temporada de huracanes. FEMA ya ha denegado solicitudes de ayuda federal en respuesta a tormentas y tornados severos en Arkansas , inundaciones en partes de Virginia Occidental y tormentas en Washington .

El amplio libro de propuestas de políticas del Proyecto 2025 pide "reformar el gasto de emergencia de FEMA para trasladar la mayor parte de los costos de preparación y respuesta a los estados y localidades en lugar del gobierno federal".

También insta al Congreso a modificar el sistema de distribución de costos para que el gobierno federal cubra el 25 % de los costos en caso de desastres menores y hasta el 75 % en caso de desastres verdaderamente catastróficos. Actualmente, para la Asistencia Pública, que proporciona asistencia financiera y directa a los gobiernos estatales y locales para las labores de respuesta y recuperación ante desastres, FEMA cubre un mínimo del 75 % de los costos, y el presidente puede aumentar la distribución de costos federales a su discreción, según un informe de 2023 del Servicio de Investigación del Congreso.

La recomendación surge tras una advertencia de los autores del Proyecto 2025: FEMA está sobrecargada, compensa en exceso la falta de preparación y respuesta estatal y local, y acumula regularmente una deuda considerable. El libro del Proyecto 2025 también insta al Congreso a eliminar las subvenciones de preparación para estados y localidades.

"El DHS no debería dedicarse a repartir dólares de impuestos federales: estas subvenciones deberían terminar", afirma.

Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones, informó a los directores de la Radio Pública Nacional y de PBS en una carta a principios de este año que la agencia había abierto una investigación sobre la transmisión de su programación en sus aproximadamente 1.500 estaciones miembro, según The New York Times.

Estas estaciones cuentan con licencia de la FCC para operar, pero se limitan a operar como estaciones de radiodifusión educativa no comercial. Estas estaciones, o NCE, están exentas del pago de licencias y operan en una banda de frecuencia reservada específica. La ley federal prohíbe a estas estaciones de radiodifusión educativa no comercial emitir anuncios comerciales.

En su carta, Carr escribió que le preocupa que las transmisiones de NPR y PBS puedan estar violando la ley federal al emitir comerciales. En particular, es posible que las estaciones miembro de NPR y PBS estén transmitiendo anuncios de patrocinio que cruzan la línea y se convierten en anuncios comerciales prohibidos.

Carr también afirmó que no ve motivos para que el Congreso siga aprobando fondos federales para NPR y PBS "dados los cambios en el mercado mediático". La directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger, afirmó que los recortes "devastarían a las estaciones miembro de PBS y el papel esencial que desempeñan en las comunidades, en particular las estaciones más pequeñas y rurales".

Carr fue el autor de la sección del libro de políticas del Proyecto 2025 que trata sobre la FCC, pero otra parte del plan insta al Congreso a desfinanciar a la Corporación para la Radiodifusión Pública, que proporciona subvenciones a NPR y PBS.

Según el Proyecto 2025, «eliminar la financiación pública significaría, por supuesto, que NPR, PBS, Pacifica Radio y las demás emisoras de izquierda se verían privadas de la presunción de que actúan en interés público y recibirían los privilegios que a menudo conllevan dicha actuación». Por lo tanto, estos medios ya no deberían ser considerados emisoras educativas no comerciales, según el libro.

Una de las primeras acciones de Trump como presidente fue crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca ( DOGE ), dirigido por Elon Musk, para recortar regulaciones y gastos, y reestructurar las agencias federales.

Tras esa medida, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emitió en enero un memorando de dos páginas que ordenaba congelar los programas de subvenciones, préstamos o asistencia federal contemplados en las órdenes ejecutivas de Trump. Esto le daría a su administración "tiempo para revisar los programas de las agencias y determinar los mejores usos de los fondos para dichos programas, de acuerdo con la ley y las prioridades del presidente".

El memorando provocó una gran confusión y generó inquietudes sobre si los programas que proporcionan comidas a ancianos, financiación preescolar para niños de bajos ingresos, investigación médica y otras prioridades aprobadas por el Congreso se verían afectados por la orden.

La Casa Blanca rescindió el memorando, pero mantuvo la suspensión de la financiación "para acabar con cualquier confusión" creada por una orden judicial federal que suspendió temporalmente la aplicación de la congelación. Desde entonces, los tribunales federales han ordenado al gobierno que restablezca cualquier dinero congelado conforme al memorando.

Vought, director de la OMB, fue autor de la sección del libro de políticas del Proyecto 2025 que cubre la Oficina Ejecutiva del Presidente, que incluye la agencia que se le ha encomendado dirigir.

En él, compara la oficina de presupuesto con un sistema de control de tráfico aéreo para el presidente "con la capacidad y el cargo de asegurar que todas las iniciativas políticas se lleven a cabo en sincronía y con la autoridad para permitir que los aviones despeguen y, a veces, inmovilizar los aviones que se desvían de su curso".

El memorando puede haber tenido como objetivo iniciar un desafío legal a la Ley de Control de Embargos, una ley de 1974 que limita la capacidad del presidente de congelar unilateralmente ciertos fondos asignados por el Congreso y, en la mayoría de los casos, requiere que el presidente solicite al Congreso que derogue la legislación sobre gastos.

En el plan de políticas del Proyecto 2025, Vought también escribió que el director de la OMB debe tener "suficiente visibilidad en las profundas cavernas de la toma de decisiones de la agencia", y puede lograr esto asegurándose de que los funcionarios políticos designados en su personal firmen las distribuciones de fondos autorizadas por el Congreso.

Vought citó una ley de 1870 conocida como la Ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar dólares federales por adelantado y requiere que los fondos se distribuyan en cuotas.

"Este proceso, mediante el cual las agencias acuden a la OMB para obtener asignaciones de fondos asignados, es esencial para la gestión financiera eficaz del dinero de los contribuyentes", escribió. "La OMB puede entonces determinar, en nombre del presidente, la cantidad, la duración y el propósito de cualquier asignación de fondos para evitar el despilfarro, el fraude y el abuso, y garantizar la coherencia con la agenda presidencial y las leyes aplicables".

En enero, Trump emitió una orden ejecutiva que busca prohibir el uso de fondos federales para atención de afirmación de género (bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos) para personas menores de 19 años.

La orden, denominada "Protección de los niños contra la mutilación química y quirúrgica", exige a ciertas agencias ejecutivas que tomen medidas para garantizar que las instituciones médicas que reciben subvenciones federales "pongan fin a la mutilación química y quirúrgica de niños".

También instruye al Secretario de Defensa a tomar medidas regulatorias para excluir la atención de afirmación de género para menores de la cobertura de seguro proporcionada por TRICARE, el programa de atención médica del Departamento de Defensa, y los programas de beneficios de salud para empleados federales.

La orden del Sr. Trump ordena al jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos que retire la guía de marzo de 2022 sobre atención de afirmación de género.

El capítulo del Proyecto 2025 sobre el Departamento de Salud y Servicios Humanos solicita que su Oficina de Derechos Civiles "elimine todas las directrices emitidas bajo la administración Biden relativas a la orientación sexual y la identidad de género", incluido el documento de marzo de 2022.

El libro critica en general la atención de afirmación de género por causar "daños físicos y mentales irreversibles a quienes la reciben" y sostiene que hay una falta de evidencia al respecto.

Muchas familias y médicos que atienden a jóvenes transgénero cuestionan esa evaluación, y un grupo de familias presentó una demanda alegando que la orden es discriminatoria. Dos tribunales federales de distrito han bloqueado la directiva del presidente, y se están apelando dichas medidas cautelares.

El Sr. Trump tomó medidas ejecutivas para iniciar el proceso de revocación de las autorizaciones de seguridad de docenas de exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta en 2020 en la que afirmaban que los correos electrónicos encontrados en una computadora portátil propiedad de Hunter Biden presentaban indicios de una campaña de desinformación rusa. También anunció que revocaría las autorizaciones de seguridad de varios demócratas prominentes, entre ellos el expresidente Joe Biden , la exvicepresidenta Kamala Harris y Hillary Clinton .

El Proyecto 2025 también propuso despojar a ex funcionarios de inteligencia de sus autorizaciones de seguridad, bajo un conjunto más restringido de circunstancias, en una sección sobre la comunidad de inteligencia escrita por Dustin Carmack, quien trabajó en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato de Trump.

"El presidente debe revocar inmediatamente las autorizaciones de seguridad de cualquier exdirector, subdirector u otro alto funcionario de inteligencia que hable de su trabajo en la prensa o en las redes sociales sin autorización previa del director actual", escribió.

Entre las numerosas medidas que el Sr. Trump tomó en su primer día de regreso a la Casa Blanca se encuentra la reinstauración de una orden ejecutiva emitida durante su primer mandato que creó el "Anexo F en el Servicio Exento". Esta orden crea una nueva categoría laboral para muchos funcionarios de carrera, despojándolos de sus protecciones laborales.

La orden establece que en los últimos años "ha habido numerosos y bien documentados casos de empleados federales de carrera que se resisten y socavan las políticas y directivas de su liderazgo ejecutivo".

"Por lo tanto, los principios de buena administración exigen medidas para restablecer la rendición de cuentas en la función pública de carrera, empezando por los puestos de carácter confidencial, de determinación, formulación o promoción de políticas", se lee en la orden de Trump.

La orden introduce algunos cambios menores a la medida anterior del presidente de octubre de 2020. Sin embargo, añade notablemente una sección que establece que, si bien los empleados en estos nuevos "Política de Horarios/Puestos de Carrera" no están obligados a apoyar personal o políticamente al presidente actual ni a sus políticas, sí están obligados a implementar fielmente las políticas de la administración lo mejor que puedan, de conformidad con su juramento constitucional y la concesión de la autoridad ejecutiva exclusivamente al presidente.

El incumplimiento de esta medida constituye motivo de despido, según la orden ejecutiva del Sr. Trump. Los críticos afirman que el cambio permitiría a la administración despedir a empleados gubernamentales sin causa justificada y reemplazarlos con leales a Trump.

El Proyecto 2025 exige reiteradamente que se restablezca la propuesta del Anexo F del Sr. Trump.

El presidente ordenó a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que reincorporaran a los militares , tanto en servicio activo como en reserva, que fueron dados de baja tras negarse a recibir la vacuna contra la COVID-19. (El requisito de la vacuna se levantó en 2023). Su orden también establece que deben ser restituidos a su rango anterior y recibir el pago completo de sus salarios atrasados, beneficios, bonificaciones o compensación.

La sección del plan del Proyecto 2025 sobre el Departamento de Defensa, escrita por Chris Miller, exige que la próxima administración "reincorpore al servicio activo a los miembros del servicio que fueron dados de baja por no recibir la vacuna contra la COVID, les restablezca su rango correspondiente y les pague los salarios retroactivos".

Miller se desempeñó como secretario de Defensa interino durante las últimas semanas del primer mandato de Trump. Su jefe de gabinete, Kash Patel, ahora es director del FBI.

Durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, el Sr. Trump prohibió a las personas transgénero servir en el ejército. El presidente Biden derogó esa prohibición, pero el Sr. Trump emitió una orden que, en la práctica, prohíbe a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas y revoca la orden de su predecesor.

La orden ejecutiva del Sr. Trump establece que «expresar una falsa 'identidad de género' divergente del sexo de una persona no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar». Identificarse como transgénero, continúa, «entra en conflicto con el compromiso del soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en la vida personal».

"Es política del Gobierno de los Estados Unidos establecer altos estándares de preparación, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad de las tropas. Esta política es incompatible con las restricciones médicas, quirúrgicas y de salud mental impuestas a las personas con disforia de género", declara la orden presidencial. "Esta política también es incompatible con el uso de pronombres modificados o que reflejen incorrectamente el sexo de una persona".

El Proyecto 2025 exige la reversión de las políticas que permiten que las personas transgénero sirvan en el ejército. La disforia de género es incompatible con las exigencias del servicio militar.

SPARTA Pride, una organización sin fines de lucro compuesta por miles de militares transgénero, veteranos y sus simpatizantes, refutó tales afirmaciones, afirmando: «Las personas transgénero estadounidenses han servido abierta y honorablemente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante casi una década. Miles de soldados transgénero prestan servicio actualmente y están plenamente cualificados para los puestos que desempeñan».

Desde entonces, la prohibición de las personas transgénero en el ejército ha sido bloqueada por dos tribunales federales, aunque las decisiones han sido apeladas. El gobierno de Trump ha solicitado la intervención de la Corte Suprema en uno de esos casos y busca comenzar a aplicar la prohibición.

Según el Departamento de Defensa, hay más de 1,2 millones de militares en servicio activo. Un informe de enero del Servicio de Investigación del Congreso reveló que aproximadamente 1.892 militares en servicio activo recibieron atención de afirmación de género del Pentágono entre enero de 2016 y mayo de 2021. Un memorando del Pentágono del 26 de febrero reveló que, entre 2015 y 2024, se gastaron 52 millones de dólares en atención a militares en servicio activo para tratar la disforia de género.

En su primer día en la Casa Blanca, Trump emitió un memorando congelando la contratación de empleados civiles federales, que extendió hasta el 15 de julio. Los puestos que estaban vacantes al momento de su toma de posesión al mediodía del 20 de enero tampoco deberían cubrirse, dijo.

La orden fue parte de sus planes para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal, también una recomendación hecha en la hoja de ruta de políticas del Proyecto 2025.

El libro, sin embargo, advierte que si bien "reducir el número de empleados federales parece una forma obvia de reducir el gasto general del servicio civil", los intentos previos de los presidentes de ambos partidos "no condujeron a reducciones permanentes y sustanciales en el número de empleados federales no relacionados con la defensa".

En lugar de ello, el Proyecto 2025 sugiere "congelar todas las contrataciones para puestos de carrera de alto nivel para evitar que los funcionarios políticos salientes se atrincheren".

El Sr. Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en 2020 debido a lo que su primer gobierno calificó como una mala gestión de la pandemia de COVID-19. Biden revirtió esa decisión al asumir el cargo, y el Sr. Trump revirtió esa medida en su primer día de regreso a la Casa Blanca.

Su última orden ordenó al secretario de Estado informar al secretario general de Estados Unidos y a los líderes de la Organización Mundial de la Salud sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse del grupo. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de todo el mundo han advertido que la medida expondrá a las personas a un mayor riesgo de brotes peligrosos y otorgará a China un papel más dominante en la Organización Mundial de la Salud.

El Proyecto 2025 también criticó a la Organización Mundial de la Salud por su manejo de la pandemia.

"El fracaso manifiesto y la corrupción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de COVID-19 es un ejemplo del peligro que representan las organizaciones internacionales para los ciudadanos e intereses estadounidenses", afirma su libro.

Añadió que cuando las instituciones actúan en contra de los intereses estadounidenses, el gobierno "debe estar preparado para tomar medidas apropiadas en respuesta, incluyendo incluso la retirada".

La inmigración fue el tema de varias medidas ejecutivas adoptadas por Trump el primer día de su presidencia, incluida una orden que asigna a las tropas "la misión de sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos".

El capítulo del plan del Proyecto 2025 que cubre el Departamento de Seguridad Nacional fue escrito por Ken Cuccinelli, quien sirvió en la primera administración de Trump, y también ve un papel para el Departamento de Defensa en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México.

El Pentágono, escribe Cucinelli, debería "reconocer y ajustar explícitamente el personal y las prioridades para participar activamente en la defensa, incluido el uso de personal y equipo militar para prevenir los cruces ilegales entre los puertos de entrada y canalizar todo el tráfico transfronterizo hacia los puertos de entrada legales".

Una sección sobre el Departamento de Justicia insta a la próxima administración a "adoptar un enfoque creativo y agresivo" para abordar las organizaciones criminales en la frontera sur.

"Esto podría incluir el uso de personal militar en servicio activo y miembros de la Guardia Nacional para ayudar en operaciones de arresto a lo largo de la frontera, algo que aún no se ha hecho", afirma el capítulo del Proyecto 2025 sobre el Departamento de Justicia.

El ingreso a Estados Unidos de refugiados bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos fue suspendido a principios de este año de acuerdo con una orden del Sr. Trump del 20 de enero. Su directiva también ordena al secretario de Seguridad Nacional suspender las decisiones sobre las solicitudes de estatus de refugiado .

El Sr. Trump ha afirmado que, durante la administración Biden, Estados Unidos se ha visto "inundado" con altos niveles de migración, incluso a través del Programa de Admisión de Refugiados.

El Proyecto 2025 también culpa a la administración Biden de supervisar lo que califica como un "colapso" de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Para abordar esta "crisis", el Proyecto 2025 exige "adaptar la admisión de refugiados".

"La obligación del gobierno federal de trasladar los recursos de investigación y control esenciales para la seguridad nacional a la crisis fronteriza forjada requerirá una reducción indefinida del número de admisiones de refugiados del USRAP", se lee en el capítulo sobre el Departamento de Estado.

El libro de políticas solicita que la oficina del Departamento de Estado que administra el Programa de Admisión de Refugiados asigne recursos a los desafíos "hasta que se pueda contener la crisis y se pueda restablecer razonablemente la capacidad de evaluación e investigación centrada en los refugiados".

Como parte de la amplia ofensiva migratoria del Sr. Trump, su administración ha tomado medidas para poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal para haitianos y venezolanos .

La designación TPS fue creada por el Congreso en 1990 y permite al gobierno federal otorgar protección migratoria temporal a migrantes de países que enfrentan guerras, desastres ambientales u otras crisis que hacen peligroso el envío de deportados. El programa permite a los beneficiarios solicitar permisos de trabajo renovables y aplazamientos de deportación.

A fines de marzo, un juez federal acordó retrasar el intento de la administración Trump de poner fin al programa TPS que protege a aproximadamente 350.000 inmigrantes venezolanos, y un tribunal federal de apelaciones se negó a pausar esa orden mientras continúan los procedimientos.

El Proyecto 2025 insta al Congreso a "derogar las designaciones de estatus de protección temporal".

Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron en un memorando de febrero que limitarían la financiación para "costos indirectos" al 15%, lo que supone una reducción respecto al promedio de entre el 27% y el 28%. Los costos indirectos cubren gastos generales como instalaciones y administración.

Los NIH dijeron en su memorando que han gastado miles de millones de dólares en costos indirectos para más de 2.500 universidades, escuelas de medicina y otras instituciones de investigación en todo el país, y destacaron que "la mayoría de las fundaciones privadas que financian la investigación ofrecen costos indirectos sustancialmente más bajos que el gobierno federal, y las universidades aceptan fácilmente subvenciones de estas fundaciones".

El Proyecto 2025 también se centró en los costos indirectos y pidió al Congreso "limitar la tasa de costos indirectos que se paga a las universidades para que no exceda la tasa más baja que una universidad acepta de una organización privada para financiar los esfuerzos de búsqueda".

"Esta reforma basada en el mercado ayudaría a reducir los subsidios federales que los contribuyentes otorgan a las agendas izquierdistas", se lee en el libro de políticas.

Si bien el Proyecto 2025 afirmó que es responsabilidad del Congreso limitar la tasa de costos indirectos, la administración Trump tomó esta medida unilateralmente, lo que provocó desafíos legales por parte de universidades, estados y organizaciones que representan a las facultades y escuelas de medicina.

Las universidades y el NIH dijeron que los recortes tendrán un "impacto terrible" en la investigación que salva vidas, incluidos los ensayos clínicos para pacientes con cáncer y Alzheimer.

Como parte de una serie de órdenes ejecutivas que abordan el sistema educativo, el Sr. Trump emitió una directiva el 23 de abril que ordena al secretario de Educación hacer cumplir una disposición de la Ley de Educación Superior que requiere que las instituciones de educación superior que reciben fondos federales revelen cualquier obsequio o contrato de una fuente extranjera valorado en $250,000 o más en un año calendario.

La medida también es parte del Proyecto 2025, que insta a la próxima administración a hacer cumplir ese estatuto, investigar las instituciones de educación superior que no cumplen con las obligaciones establecidas en la ley y hacer las "derivaciones apropiadas" al Departamento de Justicia.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha buscado despedir a miembros de agencias independientes e inspectores generales, a pesar de las leyes federales que establecen los motivos para sus destituciones.

Los despidos han desencadenado múltiples litigios judiciales que parecen tener como objetivo afirmar lo que la administración Trump considera la facultad ilimitada del presidente para destituir a funcionarios del poder ejecutivo. Sin embargo, una decisión de la Corte Suprema de hace 90 años, Humphrey's Executor v. United States, determinó que el Congreso podía imponer protecciones para la destitución con causa a comisiones multimiembros de expertos con un equilibrio partidista que no ejercen ninguna facultad ejecutiva.

En una carta de febrero al Congreso, la entonces procuradora general interina, Sarah Harris, afirmó que el Departamento de Justicia "tiene la intención de instar a la Corte Suprema a anular esa decisión, que impide al presidente supervisar adecuadamente a los principales funcionarios del poder ejecutivo que ejecutan las leyes en su nombre, y que ya se ha visto gravemente erosionada por recientes decisiones de la Corte Suprema".

El Proyecto 2025 también sugirió que la próxima administración presidencial republicana debería buscar la revocación del Ejecutor de Humphrey.

"La próxima administración conservadora debería adoptar formalmente la posición de que el Albacea de Humphrey viola la separación de poderes de la Constitución", afirma.

El libro de políticas del Proyecto 2025 exige que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA, sea "desmantelada y muchas de sus funciones eliminadas, enviadas a otras agencias, privatizadas o puestas bajo el control de estados y territorios".

La guía dice que los seis componentes principales de la NOAA deberían reducirse o dividirse, incluyendo la Investigación Oceánica y Atmosférica (OAR), que según el Proyecto 2025 es la "fuente de gran parte del alarmismo climático de la NOAA".

La administración Trump ha propuesto cambios radicales y recortes de empleos para la NOAA, incluyendo un recorte del 25 % a su presupuesto para 2026, según un memorando interno obtenido por CBS News en abril. La propuesta exige la eliminación de la OAR como oficina, así como la financiación de laboratorios sobre clima, meteorología y océanos, institutos de cooperación y otros programas.

Funcionarios actuales y anteriores de la NOAA han dicho que los objetivos del memorando son "devastadores" y han argumentado que la investigación es crucial para mejorar servicios como los pronósticos meteorológicos severos para el público.

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