El Departamento de Justicia de Trump avanza para disolver el decreto Flores que rige la detención de menores no acompañados en EE. UU.
En una moción presentada ante un tribunal federal de Los Ángeles , el Departamento de Justicia de Trump solicita la disolución del Decreto de Consentimiento Flores. La fiscal general Pam Bondi sostiene que el decreto incentiva la inmigración ilegal en la frontera sur.
El decreto Flores ha regido la detención y liberación de niños migrantes desde 1997. La moción, presentada por el Departamento de Justicia y apoyada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Seguridad Nacional, solicita a un tribunal federal del sur de California que disuelva el decreto.
Sin embargo, la moción para anular el decreto Flores se escuchará en una audiencia el 18 de julio ante la jueza federal de distrito Dolly Gee en Los Ángeles. La jueza Gee ha presidido el caso durante años, y es improbable que acepte anular el decreto Flores, lo que podría generar una batalla legal ante la corte federal de apelaciones y, en última instancia, ante la Corte Suprema.
El obsoleto decreto de consentimiento Flores se implementó como medida provisional hace casi 30 años, pero en los últimos años ha incentivado directamente la inmigración ilegal en nuestra frontera sur. El Congreso y varias agencias federales ya han resuelto los problemas que Flores pretendía solucionar, y este decreto de consentimiento ahora constituye una restricción inaceptable a nuestra agenda de inmigración que prioriza a Estados Unidos", declaró la fiscal general Pam Bondi a Fox News.
Los funcionarios del Departamento de Justicia también le dijeron a Fox News que la idea es devolver el poder a manos de los funcionarios electos en Washington , en lugar de un solo juez federal en California.
En la presentación, el Departamento de Justicia afirma que el gobierno está tomando medidas para "terminar con la Ley de Seguridad Federal (FSA) por completo y con respecto a todos los demandados, y para disolver la orden judicial que impuso las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la aprehensión, el procesamiento, el cuidado y la custodia de menores extranjeros... Después de 40 años de litigio y 28 años de control judicial sobre un elemento crítico de la política migratoria de EE. UU. por parte de un tribunal de distrito ubicado a más de 160 kilómetros de cualquier frontera internacional, es hora de que este caso concluya".
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A la luz de los cambios significativos en las circunstancias desde que este Tribunal instituyó la FSA hace 28 años, incluida la promulgación de reglamentos que incorporan los objetivos de la FSA y el precedente de la Corte Suprema que es incompatible con la continuación de un decreto de tan largo plazo, la continuación de la FSA ya no es equitativa ni redunda en el interés público.
Este Tribunal ingresó la FSA como un decreto de consentimiento en 1997 y la modificó en diciembre de 2001. La FSA ha regido el cuidado y la custodia de los menores extranjeros no acompañados (UAC) desde entonces, a pesar de la legislación intermedia del Congreso de los EE. UU. y las regulaciones de la agencia. En 2015, este Tribunal amplió la FSA a los menores acompañados, véase Flores v. Lynch, 828 F.3d 898, 906, 909 (9th Cir. 2016), aunque es obvio de los términos de la FSA que las partes no contemplaron su inclusión. Por lo tanto, en cuanto a los menores acompañados, la política nacional ha sido establecida durante mucho tiempo por un tribunal de distrito (y no por el Presidente o el Congreso), a pesar de que el decreto de consentimiento que proporciona la base para la supervisión del tribunal de distrito no pretende regular a esta clase de extranjeros. Eso simplemente no puede ser.
Durante los 28 años que esta Corte ha controlado la política federal relacionada con la custodia de niños extranjeros que están en los Estados Unidos sin estatus migratorio, han ocurrido enormes cambios cardinales: oleadas de extranjeros han ingresado a los EE. UU. entre los puertos de entrada a través de la frontera suroeste, incluidos grandes grupos de extranjeros que se entregaron voluntariamente a la Patrulla Fronteriza, entregas orquestadas por traficantes; la demografía de los extranjeros que llegan a la frontera ha cambiado para incluir cantidades significativamente mayores de países fuera del hemisferio occidental y un mayor número de niños; una pandemia mundial requirió que el gobierno utilizara su autoridad de expulsión para proteger la salud pública; y el levantamiento posterior de la política condujo a una agitación en la política de inmigración durante más de dos años.
El Ejecutivo no ha podido reaccionar de manera plena y significativa a estos cambios porque la FSA ha osificado la política federal de inmigración.
Las sucesivas administraciones han intentado, sin éxito, liberarse de las restricciones del decreto de consentimiento y de la interpretación que este Tribunal le ha dado. Sin embargo, la detención de menores extranjeros sigue estando, como lo ha estado durante más de una generación, dominada por las restricciones de un acuerdo de 1997.
Fox News
