La indemnización por el feminicidio de la hija nunca llegó, los impuestos sí

Seis mil euros en impuestos sobre la indemnización de 1 millón 200 mil euros que deberían haber recibido del asesino de su hija. El dinero nunca llegó, pese a que ello preveía una sentencia definitiva, cuando por el contrario, puntualmente, el pedido de la Agencia Tributaria fue entregado por triplicado: a la madre, al padre y a la hermana. A poco más de 16 años del asesinato de Giulia Galiotto, entonces treintañera, asesinada a pedradas por su marido Marco Manzini (era febrero de 2009), el dolor de los familiares de la víctima de aquel feminicidio que sacudió a la pequeña comunidad de San Michele dei Mucchietti, en Sassuolo, en la provincia de Módena, se reaviva por lo que la madre de Giulia Galiotto, Giovanna Ferrari, define hoy como "violencia económica de las instituciones".

La familia se opuso a la petición de la Agencia Tributaria, presentando un recurso: "El dinero, afortunadamente, no es nuestro problema - aclara la madre de Giulia Galiotto que desde hace años se dedica, tras la muerte de su hija, a sensibilizar sobre la violencia de género - Pero muchas mujeres económicamente desfavorecidas no afrontan procedimientos judiciales como el nuestro y renuncian a una indemnización, precisamente por el riesgo de encontrarse en esta situación". La multa de un millón doscientos mil euros quedó fijada definitivamente junto con la condena de 19 años de prisión para el marido. Manzini, originario de Scandiano en la provincia de Reggio Emilia, había convencido a Giulia Galiotto para que se reuniera con él en la casa de sus padres en San Michele dei Mucchietti, en el garaje, y durante una discusión posterior agarró una piedra y golpeó repetidamente a la mujer en la cabeza, causándole la muerte. Posteriormente se deshizo del cuerpo arrojándolo al cercano río Secchia; Había organizado el suicidio de su esposa. Pero la trama construida después del asesinato no resistió las investigaciones de los Carabineros. Condenado a 19 años de prisión tras un fallo que no reconoció la premeditación, a Manzini se le concedió la semilibertad en 2022, recuperando la libertad el año pasado. El último contacto entre el hombre y la familia de Giulia fue cuando éste, a través de su abogado, escribió a los familiares de la víctima ofreciendo una suma de 50 euros al mes como mediación penal. Una cifra muy alejada del millón 200 mil euros establecido por el tribunal. En los últimos tres años había estado sujeto a libertad condicional por parte de los servicios sociales en régimen de semilibertad "y se le había asignado -añade Giovanna Ferrari- un compromiso a tiempo completo y con un contrato de duración determinada en una empresa de Reggio, donde desempeñaba un trabajo similar al que tenía antes de su detención. Habíamos conseguido el embargo de una quinta parte del salario que percibía. A finales de julio pasado, al estar en libertad, presentó la dimisión. Hasta el momento no sabemos si trabaja y dónde".