De la motosierra a la topadora
“Quien quiera oir, que oiga”. El funcionario libertario, con pasado vinculado al peronismo, recurre a un clásico de la poética de esa fuerza para ejemplificar las señales aleccionadoras que entrega el Gobierno para avanzar en sus objetivos.
Por esas horas, una semana después de que el escándalo cripto conmovió a la cúspide del poder, la topadora mileísta aceleró hacia una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. La designación por decreto y en comisión del controvertidísimo juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla no debería sorprender por los indicios dados desde el Gobierno ante el virtual congelamiento de sus pliegos en el Senado. Sin embargo, la decisión conlleva un terremoto político, judicial, legislativo, mediático y hasta empresarial poco apto para cardíacos.
Publicados en el boletín oficial de hoy los nombramientos en la Corte, la noticia se mantiene en desarrollo. La Cámara Federal examinará si aprueba un pedido de licencia de su juzgado de Comodoro Py que hizo Lijo, ya que evitará renunciar. Los camaristas, que ya avalaron su postulación al máximo tribunal, pueden hacerse cargo de la decisión o pasarla a la Corte. Es más probable la primera opción.
Salvo Ricardo Lorenzetti, que ya se apuró en felicitar en privado a Lijo y García Mansilla por la novedad, el resto de los cortesanos no ve con buenos ojos estos arribos, más por las formas que por el fondo.
Es más: si el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vice Carlos Rosenkrantz dan muestras de eludir tomarles juramento a sus “nuevos” colegas en comisión (hasta que el 1 de diciembre termine este período de sesiones ordinarias legislativas), fuentes oficiales aseguran que sería el propio Javier Milei quien los haga jurar. Así hizo su detestado Raúl Alfonsín con los miembros de la Corte Suprema al iniciar su gestión presidencial.
Al respecto, desde la Corte se advierte que si no es el mismo tribunal el que les toma la jura, cualquier firma de Lijo y García Mansilla en un fallo lo expondría a la nulidad. Lo traducen como un quiebre a la seguridad jurídica. Ergo, posible conflicto de poderes.
El Gobierno asume otra posible traba. Cree que se presentarán en el fuero Contencioso Administrativo numerosos recursos para frenar la llegada de Lijo y García Mansilla a la Corte mediante decretos. Hay confianza de que se resolverán a favor: hasta en la Corte Suprema se considera que estas designaciones por decreto y en comisión mientras el Senado está sin sesionar son constitucionales. No es por ahí.
Como sucedió esta misma semana plantándole cara al Grupo Clarín en su adquisición de Telefónica, Milei da otra muestra de su férrea voluntad para perseguir sus objetivos políticos y económicos. Y si resultan temerarios, le parecen más tentadores. La topadora avanza. ¿Hasta dónde?
LT
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