El Mayo y la pena capital

La posibilidad de que sea condenado a muerte por los delitos de los que es acusado en Estados Unidos es el argumento central de Ismael El Mayo Zambada para pedir que el gobierno mexicano solicite su repatriación.

“Si el gobierno de México no actúa, seré condenado a muerte sin lugar a ninguna duda”, advierte el capo en la misiva entregada la semana pasada en el Consulado de México en Nueva York.

El tema de la pena capital es sensible en México, país que no la contempla en su legislación desde 2005, cuando fue extirpada de la Constitución por iniciativa del entonces presidente Vicente Fox.

La última vez que se aplicó en el fuero común fue el 17 de junio de 1957, cuando fueron ejecutados en la penitenciaría de Hermosillo, Sonora, los infanticidas José Rosario Don Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales. En el ámbito militar no sucede desde el 17 de junio de 1961, cuando fue fusilado en Saltillo, Coahuila, el soldado Isaías Constante Laureano, por un acto de insubordinación en San Luis Potosí que causó la muerte de dos de sus compañeros.

Unos días antes de que se conociera la carta de Zambada, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, había armado una polémica al decir, equivocadamente, que la pena de muerte seguía vigente en la Constitución, y que los mexicanos que se declararan “trumpistas” tendrían que asumirse como traidores a la patria y ser fusilados como tales.

“Todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas”, dijo Taibo en una entrevista en la televisora oficial Canal Once. “La traición a la patria, no me lo acabo de inventar, está penada con la pena de muerte”, agregó el también escritor, quien no ha sido reconvenido por dichas declaraciones.

El rechazo de los mexicanos a la pena de muerte se ha fortalecido a partir de 1993, cuando el estado de Texas aplicó la inyección letal a Ramón Montoya Facundo, primer connacional en ser sentenciado a muerte en más de medio siglo, y primero en serlo desde la reinstauración de ese castigo en Estados Unidos en 1977. De entonces a la fecha han sido ejecutados otros 12 mexicanos en la Unión Americana. El caso más reciente fue el de Abel Ochoa Revilla en febrero de 2020.

Ahora bien, ¿podría ser condenado a muerte El Mayo? En octubre pasado, el juez Brian Cogan –quien llevó también los casos de Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna– dijo que la fiscalía podría pedir esa pena, prevista para casos de lesa humanidad, con el argumento legal de que el consumo de fentanilo, cuyo tráfico hacia Estados Unidos se atribuye al capo sinaloense, está detrás de cientos de muertes en Estados Unidos.

Sin embargo, de ahí a que Zambada pudiera morir por inyección letal hay un trecho. En años recientes, el tiempo promedio que transcurre entre la sentencia y la aplicación de la pena de muerte supera los 20 años, por la gran cantidad de recursos legales que los inculpados pueden promover contra la ejecución.

Incluso ha habido presos en el llamado pabellón de la muerte que han fallecido por causas naturales antes de que se diera la orden final de ejecutarlos, como James Frazier, quien murió de covid en 2020, a los 79 años edad, en una cárcel de Ohio, luego de 15 años de haber sido sentenciado por el asesinato de un vecino al que le robó dinero para comprar cocaína.

Así que El Mayo, quien tiene 77 años de edad y un frágil estado de salud, difícilmente viviría para ser conducido al lugar de su ejecución. Lo más seguro es que sus abogados conocen la sensibilidad que hay sobre la pena de muerte en México y, junto con los pendientes que su cliente parece tener con políticos mexicanos, están aprovechando la situación.

¿Qué querrá entonces el capo? Seguramente jugarse la última carta para volver a México pues, como dijo un día el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, para alguien como él más vale una tumba en su propio país que una cárcel en Estados Unidos.