Amnistía, ¿punto final?

En los albores del procés, el Tribunal Constitucional parió una sentencia sobre el Estatut que provocó la indignación de muchos electores en Catalunya. Se cercenaba un texto que había sido refrendado por el voto popular. Cierto que la participación no fue masiva (rozó el 50%) con un 74% de apoyos, pero es que el exceso de táctica de los partidos catalanes acabó por aburrir y confundir a cualquiera. Ahora bien, que un Tribunal Constitucional enmendara lo aprobado en referéndum no podía traer nada bueno. Algunos consideraron que aquello, junto a otros factores económicos y políticos, fue la chispa que prendió la mecha del independentismo catalán. Hoy, 15 años después, el escenario es similar pero de signo contrario. La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la amnistía a los líderes del procés puede cerrar una etapa histórica en Catalunya que ha tenido efectos notables en la política española.

Si la sentencia sobre el Estatut profundizó la crisis política en Catalunya, acabó por tumbar al tripartito encabezado por José Montilla y dio pie a una radicalización del nacionalismo que luego tendría consecuencias muy graves, la de la amnistía ha desatado un choque institucional sin precedentes entre el poder judicial y el Gobierno central. El mandato de Pedro Sánchez va indisolublemente ligado a las dos medidas de gracia -indultos y amnistía- otorgadas al independentismo catalán a cambio de su apoyo parlamentario. Esta situación ha polarizado la política española, dividida casi a partes iguales entre las derechas y las fuerzas de izquierda aliadas con las nacionalistas. Paradójicamente, lo que al principio fue una preocupación para Pedro Sánchez, ahora es su principal sustento.

Las presiones políticas no son nuevas para el Tribunal Constitucional. Si en el caso del Estatut muchos buscaban que la sentencia laminara el texto, ahora las críticas furibundas han buscado evitar el aval a la amnistía. La diferencia es que, en esta ocasión, las presiones no solo han provenido del ámbito político, sino más en particular del judicial. El Tribunal Supremo ha manifestado su rotundo rechazo a esa ley. La amnistía ha impulsado una corriente de animadversión hacia el Ejecutivo de Sánchez evidente en la alta judicatura, a pesar de la insistencia en su imparcialidad. La ley de amnistía ha marcado un antes y un después.

Ni el propio Sánchez estuvo convencido de los indultos ni la amnistía durante mucho tiempo. Fue Miquel Iceta, ex líder de los socialistas catalanes, un dirigente a menudo vilipendiado por muchos independentistas, quien primero se expresó en términos favorables a un indulto nada más ingresar en prisión provisional los primeros líderes del procés y en plena campaña electoral catalana. Iceta fue incluso reconvenido entre sus compañeros de partido. Pero en privado siguió defendiendo allá por 2017 que, al final, no habría otra salida que los indultos para rebajar la tensión política en Catalunya y mejorar la convivencia. Lo dijo cuando aún los independentistas estaban en planteamientos muy alejados de pedir una medida de gracia y Sánchez ni se lo planteaba.

La amnistía ha dado pie a la imagen sorprendente de los jueces manifestándose con sus togas en la calle

Han pasado más de siete años y el panorama ha cambiado. La sociedad catalana tiene nuevas prioridades, un socialista preside la Generalitat y el independentismo no cuenta con mayoría en el Parlament. Los líderes del procés han aterrizado en la realidad, aunque sigan defendiendo que la amnistía no es lo mismo que los indultos porque supone el borrado de los delitos. Eso sí, los partidos que defienden la secesión siguen siendo claves para la gobernabilidad en Catalunya y en España.

Hay juristas que han escrito artículos en la prensa en la que comparaban esa norma con una derogación de la Constitución. Para sus detractores constituye poco menos que un ataque certero al Estado de derecho, sobre todo por el hecho de aprobarse a cambio de los votos de un partido independentista para mantenerse el Gobierno en el poder. La ley de amnistía pretende poner punto y final a un período político extremadamente convulso en Catalunya y entre esta comunidad y el resto de España. No se puede negar que lo ha conseguido, incluso antes de su plena aplicación. Pero al mismo tiempo ha contribuido a polarizar las posiciones contra el Gobierno de Sánchez procedentes de los partidos de la derecha o del mundo judicial.

Tanto sublevó la amnistía a los miembros de los tribunales que los jueces llegaron a concentrarse en la calle ataviados con sus togas. Lo hicieron en noviembre de 2024 tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. Resulta irónico que los mismos jueces que cuestionan la constitucionalidad de la amnistía por no estar recogida en la Carta Magna defiendan el derecho a manifestarse en contra cuando no existe un consenso sobre si la Constitución les permite protestar o convocar huelgas, como la prevista para principios de julio. Dicho paro no es por la amnistía, aunque ésta siempre esté presente en el horizonte. Está convocada contra la reforma de la justicia que impulsa el ministro Félix Bolaños, para quien precisamente un juez acaba de pedir su imputación en el Supremo.

La pugna del Supremo para impedir la aplicación de la amnistía a determinados líderes del procés se someter a un test de estrés europeo. Veamos la secuencia. Ahora mismo no han podido beneficiarse de la amnistía Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que siguen en Bélgica, mientras que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa fueron indultados parcialmente, pero siguen inhabilitados para ocupar cargo público.

El Constitucional dicta ahora una primera sentencia sobre el recurso que presentó el PP y en septiembre lo hará sobre los 15 recursos que presentaron las autonomías gobernadas por ese partido. El primero no se refiere a la malversación, que según el Supremo no se podría amnistiar porque conculcaría el derecho europeo. Así pues, aunque el Constitucional avala ahora la ley de amnistía, no entra en el asunto de la malversación, lo que impedirá aplicarla por completo, aunque ya suponga una victoria política para el Gobierno y para Junts.

Hacia otoño el TC resolverá las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Supremo y, finalmente, los recursos de amparo de los condenados. ¿A partir de ahí podrá aplicarse? Aún no. El Constitucional espera que la justicia europea se pronuncie después del verano a partir de un recurso del Tribunal de Cuentas español, esta vez sí sobre el asunto espinoso de la malversación. Por los indicios de que se dispone, como el informe aportado por la Comisión Europea, el TJUE podría sentenciar que la malversación atribuida a los condenados no supuso ningún perjuicio para la UE. Si eso es así, no tendría ningún sentido que el Supremo insistiera en preguntar al TJUE sobre el mismo asunto, solo para retrasar la aplicación de la ley. Entonces el desenlace quedaría por fin expedito, probablemente hacia final de año.

De esta forma, se cumplirá el compromiso más importante asumido por Sánchez para conseguir los votos de Junts a su investidura. Si eso consolida la relación o, por el contrario, provoca el inicio de un distanciamiento, está por ver. Aunque lo lógico es que Puigdemont quiera mantener su influencia en Madrid. Con el expresident de vuelta, tanto Puigdemont como Junqueras estarían en condiciones de competir con Salvador Illa en las próximas elecciones catalanas si así lo quisieran. Catalunya entraría en la total normalización, con el ascenso de la ultraderecha (independentista catalana o españolista) como foco de atención principal, mientras la política española se adentra en la inestabilidad.