Cisnes en el Congreso

El miércoles 7 de mayo arrancaba la primera discusión oficial sobre el apagón general del 28 de abril.

El Congreso aguardaba las explicaciones cruzadas sobre el suceso del jefe del Gobierno y los líderes políticos, el país se había recuperado sin trauma aparente por sumar otra incertidumbre más a la reciente pandemia y la guerra en el este europeo. Pese a la concatenación de días festivos en Madrid, no ca­bía reprochar al Parlamento falta de refle­jos; por esta vez no había tardanza en abor­dar los asuntos que importan al ciudadano en lugar de los que encienden a la clase po­lítica.

Un quinto de la población sopesa votar a la derecha descontenta con las administraciones

Era de desear que, tras la súbita interrupción de un servicio tan básico, la democracia parlamentaria sí funcionase. En la versión oficial, la mañana del miércoles examinaba a un nuevo cisne negro y lo actuado por parte de nuestras autoridades antes, durante y después del sistémico 28 de abril.

Al contrario de la covid y las subprime, en esta ocasión España había tenido no poca suerte con que todo transcurriera en las 24 horas de un tibio día de primavera, y que no hubiera sobrevenido el fundido en un crudo mes invernal, o en pleno agosto. La súbita desconexión pasó como un acontecimiento incómodo, desconcertante, sin que prendiera el temor a la amenaza real que había supuesto para la seguridad colectiva, aquella de la que debió de ser bien consciente la alta dirección del país.

El clima y el reloj estuvieron de nuestra parte, la fortuna hizo que el desplome de la red no distara de ser como un ejercicio simulado, un ensayo general con todo, pero del que la estructura de la Administración no pueda dejar de tomar buena nota. Al margen de la dependencia extrema del suministro eléctrico, una bien sencilla de remediar es que el sector público siga sin una ley que permita conocer los recursos dispersos de las administraciones autonómicas, los sanitarios por caso, y los ponga en común para emergencias así. Por falta de quórum político, la propuesta duerme en un cajón del Congreso.

Como toda democracia, la nuestra vive de la opinión pública, y esta se nutre del derecho a ser informada en sede parlamentaria, el lugar que hace partícipe a una sociedad de sus problemas como país. Pero, una y otra volvieron a separarse el miércoles pasado, y los 350 representantes fueron convocados a un ineficaz enfrentamiento ritual, que no avanzó un paso en el esclarecimiento del 28 de abril, principalmente a causa de que el Congreso español reglamenta una desproporcionada protección del gobernante –fueron tres horas de monólogos–, y tiene pocos miramientos con la oposición más numerosa, empujada al trazo grueso de la recusación ad hominem, liberada de justificar en la escasa media hora de tribuna concedida su alternativa de gestión. Entre tanto, hasta un quinto de la población sopesa votar el día de mañana a un cisne bien claro, la derecha descontenta con el rendimiento de las instituciones actuales.