Entre la migración y las reformas, el Abinader rinde cuentas

El presidente Luis Abinader renovará su compromiso constitucional de rendición de cuentas este 27 de febrero, en lo que será la primera alocución ante el Congreso, con estos fines, de su segundo mandato como jefe del Estado dominicano.

Tras una administración de cuatro años y un primer semestre marcados por desafíos, el mandatario presentará un balance de los objetivos alcanzados y las proyecciones para el año en curso.

Desde el 16 de agosto pasado, cuando asumió para un segundo período, la República Dominicana ha vivido una serie de acontecimientos que han configurado un escenario político con avances y tensiones.

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La crisis en Haití ha sido un tema dominante en este período. Ante los limitados avances de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití, liderada por Kenia, el 2 de octubre de 2024, el presidente Abinader dispuso la deportación de hasta 10,000 haitianos por semana.

Esta medida, que se implementó con mayor intensidad hacia finales del año pasado, generó críticas de la comunidad internacional.

Según el último balance de Migración, al cierre de 2024 fueron repatriados 276,215 extranjeros con estatus migratorio irregular, de los cuales el 34.1 % (94,223) fue deportado en el último trimestre del año.

En este 2025, dos visitas pusieron a la República Dominicana en el foco internacional: la del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la del líder opositor venezolano Edmundo González.

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Rubio llegó al país el 5 de febrero y, en una visita de menos de 24 horas, mantuvo reuniones con el primer mandatario y otras autoridades nacionales para abordar temas de cooperación en seguridad, migración, comercio, la situación haitiana y el combate al narcotráfico.

El 9 de enero, González Urrutia tuvo un encuentro con Abinader en el Palacio Nacional. Esta reunión agregó un nuevo punto de fricción a las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela, suspendidas desde julio de 2024.

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Este encuentro representó un nuevo punto de fricción en las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela, suspendidas desde julio de 2024.

Aunque las promesas de reformas sustanciales se arrastran desde la primera campaña presidencial del mandatario, tras su toma de posesión tomaron una importante celeridad en el Congreso Nacional.

En el caso de la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo presentó el anteproyecto de modificación de la Carta Magna tres días después de la toma de posesión de Abinader.

Tras semanas de debates en el Congreso, la Asamblea Nacional proclamó, el 27 de octubre de 2024, una nueva Constitución, que incluyó la reducción de 20 diputados en la Cámara Baja, la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales para 2032 y el cambio en la designación del procurador general de la República, que ahora recae en el Consejo Nacional de la Magistratura.

En contraste, la reforma fiscal no prosperó. Depositada el 8 de octubre en la Cámara de Diputados, el propio presidente anunció su retiro 11 días después, tras una ola de críticas y manifestaciones contra el endurecimiento del sistema tributario.

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La reforma gubernamental que se encuentra en el tapete es la del Código de Trabajo, pieza que será una de las protagonistas de la legislatura que se abre este 27 de febrero. A pesar de los niveles de consenso, el nuevo Código de Trabajo, actualmente en estudio en el Senado, ha encontrado un punto de diferencia clave que polariza a empresarios y trabajadores: la cesantía.

Como parte de un plan de reestructuración administrativa para reducir gastos, el Gobierno impulsó la eliminación de seis instituciones y la fusión o supresión de nueve dependencias del Poder Ejecutivo. Con esta política se estimó un ahorro de 25,000 millones de pesos, de acuerdo con el Gobierno Central.

Esta propuesta, en combinación con el proyecto descartado por el Congreso Nacional, pretendía aumentar las recaudaciones estatales para ampliar la capacidad de inversión del Estado.

Presentado en LA Semanal con la Prensa del 18 de septiembre, la decisión implicaba la eliminación o supresión de organismos como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre).

También se incluyeron instituciones como el Instituto Agrario Dominicano, el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz, los Comedores Económicos y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos.

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