La decisión del STF de eludir el marco tiene el efecto contrario y reduce el límite de gasto

La decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) de retirar del marco fiscal los gastos del Poder Judicial financiados con ingresos propios tuvo el efecto contrario al esperado y redujo el límite que los órganos tienen para sus gastos en 2025.

Las cifras fueron actualizadas por el Ministerio de Planificación y Presupuesto en un informe publicado el 22 de mayo. Por ahora, el diagnóstico es que la decisión ya le quitó R$ 87,3 millones al Poder Judicial.

El recorte puede ser aún mayor, de casi R$ 1,5 mil millones, si se consideran también los costos legales como ingresos propios y, por lo tanto, se excluyen también los gastos pagados por ellos.

Este punto concreto es objeto de un nuevo juicio, que comenzó el 27 de junio y todavía sigue en curso.

La Unión presentó una especie de recurso para aclarar una duda sobre la clasificación de los costos. El ponente, el ministro Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud, afirmó que no existe controversia y reafirmó que se trata de ingresos propios, por lo que deberían quedar fuera del marco.

Los demás ministros tienen hasta el 5 de agosto para votar sobre el caso, que se analizará en la sesión plenaria virtual de la Corte. Si siguen la votación del relator, el Poder Judicial deberá reducir sus gastos en R$1.465 millones este año, según los cálculos de Planificación.

El efecto colateral inesperado se deriva de la interpretación que el Ejecutivo hace de la decisión del STF . El Tribunal respondió a una solicitud de la AMB (Asociación Brasileña de Magistrados) para que el Poder Judicial reciba el mismo trato que las universidades, los institutos federales y las instituciones de ciencia y tecnología, que han podido utilizar sus propios ingresos para financiar gastos fuera del marco desde el origen de la norma, aprobada en 2023.

Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, estos gastos se incluyeron en la base de cálculo del límite, que se ajusta anualmente por inflación, más una ganancia real de hasta el 2,5 %. Por lo tanto, la simple exclusión de estos montos generaría un doble beneficio: el límite se inflaría y aún habría margen para gastar más allá del límite.

El equipo económico entendió que, dada la decisión del STF, es necesario recalcular el espacio del Poder Judicial según las reglas del marco. La lógica es la siguiente: siempre que un gasto se incluya o excluya de la regla, es necesario volver al origen (en este caso, el año 2023), revisar la base de cálculo y luego actualizar los valores para los años siguientes.

El mismo procedimiento se empleó en otras ocasiones, tanto bajo el límite de gasto establecido por el gobierno de Michel Temer (MDB) como bajo el marco fiscal del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). En uno de estos casos, el propio Poder Judicial se benefició: denunció la exclusión indebida de un gasto y obtuvo no solo un límite superior, sino también la devolución de dinero no gastado en años anteriores .

Aplicando ahora la misma lógica, se produce una reducción de los límites porque el importe de los gastos excepcionales fue mayor en 2023 que el previsto en el Presupuesto de 2025.

Hace dos años, los ingresos propios del Poder Judicial ascendían a R$52,5 millones. Hoy, se estiman en R$30,5 millones. Lo mismo ocurre con la inclusión de los costos: los ingresos totalizaron R$1.120 millones en 2023 y se espera que alcancen los R$1.040 millones.

El gobierno cree tener justificaciones técnicas y legales para recalcular los límites del Poder Judicial, pero dado el resultado negativo, el temor ahora es que el Tribunal Supremo decida proponer una solución alternativa para compensar la pérdida. Este sería el peor escenario desde la perspectiva del equipo económico, ya que aumentaría los gastos totales del gobierno en un momento de presupuestos ajustados y creciente deuda pública.

En cuanto al fondo, el equipo económico nunca estuvo a favor de excluir gastos, ya que la medida deja margen para otras decisiones similares. Además, aunque el resultado actual es desfavorable para el Poder Judicial, cualquier aumento de los ingresos propios podría minimizar el recorte o incluso permitir un mayor volumen de gastos.

Según los cálculos del Departamento de Planificación, en el escenario de menor pérdida, los más afectados serán la Justicia del Distrito Federal y Territorios (R$51,8 millones), la Justicia Laboral (R$25,3 millones) y la Justicia Militar (R$10,3 millones). Los demás mantendrán el mismo espacio o tendrán ganancias marginales.

Al considerar los costos, las pérdidas más significativas las sentirían la Justicia del Trabajo (R$ 767,2 millones), la Justicia Federal (R$ 325,2 millones) y la Justicia Electoral (R$ 176,1 millones), pero todos tendrían límites menores, con excepción del CNJ (Consejo Nacional de Justicia).

Folha contactó a todos los órganos del Poder Judicial para saber cómo se adaptarán a los nuevos límites.

El TST (Tribunal Superior del Trabajo) indicó que los montos aún no son definitivos y podrían variar, dado el fallo pendiente en el STF. "Hasta entonces, los gastos se mantendrán dentro de los límites actuales, monitoreando el proceso para futuras revisiones", indicó.

El STJ (Tribunal Superior de Justicia) declaró que no podía pronunciarse "ante un escenario de probabilidades" y que era necesario esperar la sentencia definitiva del recurso. En la misma línea, el CJF (Consejo Federal de Justicia) indicó que, por el momento, cualquier acción depende de la decisión de los recursos declarativos.

El TSE (Tribunal Superior Electoral) indicó que el proceso sigue en trámite y que el organismo "no se pronuncia sobre cuestiones hipotéticas".

La dirección general del STM (Tribunal Superior Militar) informó que, de producirse un recálculo de su límite, “posiblemente se reevaluarán los gastos discrecionales relacionados con la Tramitación de Causas y la acción de Gestión Administrativa, especialmente los relacionados con servicios de ingeniería y nuevas contrataciones que estaban previstos en el Plan Anual de Contrataciones”.

El TJDFT (Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios) declaró que, si la demanda se confirma definitivamente y la agencia recibe sus propios recursos, los montos se destinarán a cuestiones estructurales, como la mejora del parque tecnológico y los gastos del plan de transformación digital. "Si el tribunal no recibe el nuevo límite, el equipo técnico realizará el ajuste presupuestario con una previsión hasta fin de año".

El STF no respondió. El CNJ no quiso hacer comentarios.