Protocolo de Cooperación para la Migración Laboral Regulada: ¿Carril verde o caminos tortuosos en la inmigración?

El 15 de abril de 2025 entró en vigor el acuerdo entre las asociaciones empresariales y el Gobierno para un proceso más rápido de regularización de ciudadanos extranjeros, conocido como la vía verde para la contratación de inmigrantes.
Este acuerdo se basa en la existencia de cinco supuestos que fundamentan una inmigración responsable, sostenible y humanista para que la visa pueda ser expedida desde el país de origen. Se trata de la existencia de un contrato de trabajo vigente, de un seguro de viaje y de salud, de un alojamiento adecuado y de un plan de formación profesional, como por ejemplo enseñanza de lengua portuguesa impartida por las empresas contratantes.
Para poder acogerse a este convenio, los empleadores deberán cumplir los siguientes requisitos acumulativos: tener una facturación igual o superior a 20 millones de euros, empleo directo de 150 o más trabajadores y no tener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social.
¿Están las entidades públicas preparadas para un reto tan grande como es verificar cientos de procesos en el tiempo récord de veinte días mientras actualmente luchan por procesar los procesos que tienen en mano, sin poder cumplir con los plazos actuales ?
El proceso de obtención de visa a través de esta vía “fast track ” implica la coordinación entre las entidades empresariales que presentan las solicitudes de visa ante la DGACCP, la cual cuenta con dos días hábiles para remitir los trámites a las oficinas consulares correspondientes. Una vez presentado el trámite en la oficina consular, pasa a AIMA y ECFE/SSI para la emisión de opiniones. Una vez emitido el dictamen por estas entidades, el trámite regresa al consulado para que se expida la visa dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la cita del solicitante de la visa de trabajo. Ahora, estas 5 entidades diferentes , que tendrán distintas funciones a lo largo del proceso de emisión de visas, tendrán que tener una maquinaria muy bien engrasada para que los procesos puedan completarse en los plazos establecidos .
Para mí, que trabajo a diario en este ámbito y siento tanto el dolor de los inmigrantes que ven retrasados en el tiempo sus procesos de regularización, como el dolor de los empresarios que “luchan” contra la falta de recursos para poder llevar a cabo sus actividades o contra una burocracia que les parece interminable, esta solución parece, en teoría, positiva y llena de buenas intenciones.
Sin embargo, como dice el viejo refrán: “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno” y preveo algunos desafíos con esta medida, que, reitero, es buena en teoría, pero en la práctica podría ser desafiante y difícil de implementar.
Tengo muchas dudas y algunas preguntas que esperan respuestas:
¿Las empresas portuguesas, que ya soportan una carga fiscal y social tan grande, podrán responsabilizarse del alojamiento y la adaptación cultural de sus trabajadores? ¿Esto no ralentizará tu crecimiento ?
¿ Las empresas que queden fuera del criterio del “carril verde” para la inmigración no estarán en gran desventaja frente a otras a la hora de contratar extranjeros, teniendo que seguir la ruta tradicional de obtención de una visa de trabajo que, dependiendo de la jurisdicción del consulado, podría tardar entre dos y cuatro meses?
¿No estamos ante un “ estrangulamiento ” del crecimiento de estas pequeñas empresas y start-ups que necesitarán recurrir a mano de obra de fuera de la Unión Europea?
¿Están las entidades públicas preparadas para un reto tan grande como es verificar cientos de procesos en el tiempo récord de veinte días mientras actualmente luchan por procesar los procesos que tienen en mano, sin poder cumplir con los plazos actuales ?
Dejo esta reflexión con la esperanza de que la mayoría de estas dudas sean infundadas y lo peor no se haga realidad.
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Visao