AGU solicita congelamiento de bienes de 14 personas más investigadas por fraude al INSS

La Procuraduría General de la República solicitó este viernes 9 a la Sala Federal el congelamiento de los bienes de seis empresas más y ocho personas investigadas por descuentos irregulares en prestaciones a jubilados y pensionados del Instituto Nacional del Seguro Social ( INSS ). El organismo presentó una solicitud de modificación de la medida cautelar interpuesta el jueves 8 contra las asociaciones investigadas.

La medida responde a una solicitud de la Contraloría General de la Unión, que identificó la necesidad de incluir a nuevas personas jurídicas y naturales en la solicitud de indisponibilidad de bienes y activos financieros. Con base en la Ley nº 12.846/2013, conocida como Ley Anticorrupción, la AGU también solicitó el bloqueo de las actividades financieras y la suspensión del secreto bancario y fiscal de los investigados.

Las empresas y sus socios mencionados en la nueva solicitud están acusados ​​de ser intermediarios para el pago de beneficios indebidos a agentes públicos vinculados al INSS y otras personas relacionadas con ellos. Hasta el momento, informó la AGU, la transferencia de valores indebidos a estos agentes públicos se estima en 23,8 millones de reales.

“Las investigaciones en curso revelan evidencia contundente de que las empresas mencionadas participaron directamente en la intermediación de millones de dólares”, informó la AGU en la petición de adenda. “Esta ingeniería financiera sustentaba el esquema criminal, que consistía en repercutir cantidades indebidamente descontadas por las asociaciones y pagar beneficios ilícitos a agentes públicos que permitían o facilitaban estos descuentos”.

Respecto del congelamiento de activos de los socios de las referidas empresas, la AGU fundamenta su argumento en que “las personas jurídicas fueron utilizadas como instrumento para prácticas ilícitas de carácter penal, administrativo y civil, sirviendo como medio para obtener ventajas de recursos extraídos indebidamente de los beneficios de jubilados y pensionados”.

En el caso de los agentes públicos investigados en la Operación Sem Descubra, la AGU inició procedimientos preparatorios para presentar una demanda por falta administrativa.

En la petición original de medida cautelar propuesta el jueves, la AGU solicitó, además de los 23,8 millones de reales, el bloqueo de 2,56 mil millones en bienes muebles e inmuebles y la ruptura del secreto bancario y fiscal de 12 entidades asociativas y sus directores.