¿Edad mínima para las redes sociales? un debate que crece a nivel mundial

Los adolescentes de estos tiempos pasan en promedio cinco horas diarias en las redes sociales y muchos no pueden concebir transitar la vida sin un teléfono celular. Pero si de un lado están los jóvenes que crecen en un mundo que se hace más tecnológico mientras respiramos, del otro están los adultos que ven con angustia cada nuevo estudio que narra los efectos negativos de un uso descontrolado de las plataformas, que expone a los menores al acoso, a los estereotipos e incluso a los discursos de odio o la violencia en general.

La preocupación por la relación entre los adolescentes y las redes sociales no es reciente, pero ha sido en los últimos años que varios países han anunciado propuestas y medidas para atender un problema que, señalan, se ha salido de control.

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Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de septiembre del 2024, señala que el uso problemático de redes sociales entre adolescentes, asociado con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas para ellos, pasó del 7 por ciento en el 2018 al 11 por ciento en el 2022. Un aumento que implica “un menor bienestar mental y social”.

En la Unión Europea, el debate se ha centrado en si se debe prohibir en el ámbito europeo las redes sociales a los menores de edad, algo que la Comisión Europea rechazó hace una semana, aunque reiteró que cada nación tiene vía libre para hacerlo en el ámbito nacional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido a capa y espada la urgencia de prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, a las que acusó de promover la violencia. España, Grecia, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia y otras naciones apoyan esa idea, mientras que en Austria el Gobierno anunció esta semana que estudia introducir una identificación obligatoria para el acceso a redes sociales.

Si de acciones estrictas se trata, Australia va a la cabeza. El país oceánico se convirtió en noviembre pasado en el primero en prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Aunque la ley entrará en vigor a fines de este año, Australia avanzó hace unas semanas con un estudio que mostró la viabilidad tecnológica de la norma.

En dicho estudio el gobierno australiano comprobó que los sistemas de verificación de edad de los usuarios en redes sociales funcionan “de forma robusta y efectiva”, lo cual fue considerado como un importante avance para implementar la prohibición de acceso a estas plataformas a los menores de 16 años.

Esto además presenta otra posición de cara a las objeciones que han tenido plataformas de redes como Facebook, Instagram, X o TikTok, que han dicho, por ejemplo, que sería “problemático” comprobar la edad de los usuarios.

Los hallazgos del estudio, encargado por el gobierno a la firma independiente Age Assurance Technology Trial, dicen que dichas “soluciones son técnicamente realizables, pueden integrarse de forma flexible a los servicios existentes y pueden reforzar la seguridad y los derechos de los niños en línea”, según afirmó en un comunicado el director del proyecto, Tony Allen.

Aunque él mismo, en una entrevista a la cadena Nine Network, admitió que habrá un “gran desafío” para evitar que los niños engañen a las herramientas de verificación de edad.

Más allá de los matices, la constante en la preocupación por los adolescentes apunta a no ignorar las consecuencias negativas de las redes. ¿Acaso la prohibición es el camino? Los expertos en pedagogía y tecnologías de la información apuntan que no y apuestan, más bien, por regulaciones y un enfoque integral.

Néstor Martos, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, sostuvo que está a favor de establecer ciertas regulaciones, pero planteadas con extremo cuidado para evitar que se traduzcan en censura o en una herramienta que pueda ser utilizada para otro fin. También advierte que no puede hacerse una regulación homogénea para todos.

“Cada país, cada región, tiene sus propios contextos. Lo ideal es que se evalúe la realidad de cada lugar en el que se quiera aplicar la normativa y ser muy finos a la hora de redactar las regulaciones. También es vital involucrar a las empresas que están detrás de estas redes, involucrar a la sociedad civil y al Estado porque, de lo contrario, puede parecer una acción autoritaria y ese no es el camino”, dijo.

En este escenario se hace más evidente la urgencia de discutir las políticas públicas necesarias, que aborden la situación desde varios frentes, como lo señaló Julio César Mateus, investigador de la Universidad de Lima y experto en educación y comunicación.

“Poner la responsabilidad al nivel del usuario es lo más fácil y lo menos práctico. Es cierto, los adolescentes utilizan el celular, pero si no estuvieran en el teléfono móvil, ¿a dónde podrían ir? ¿Cuántos espacios públicos hay para que los chicos desarrollen actividades deportivas? ¿Qué tipo de experiencias ‘offline’ les estamos proveyendo o existen en las comunidades en las que vivimos? Tenemos que hablar de políticas públicas que no solo prohíban, sino que también generen cosas, que formulen alternativas”, apuntó.

El experto añadió que la prohibición completa no sería lo ideal: “Prohibir en ningún plano es favorable para el tema de las adolescencias porque es un momento de construcción de identidad. La psicología nos dice que prohibir genera un resultado inverso. Sin embargo, la prohibición tampoco es mala per se, en el sentido de generar regulación y reglas a nivel pedagógico. Es decir, corresponde a las instituciones y a los expertos pedagógicos actuar en esa línea dependiendo de cada contexto”.

Mateus invitó a no olvidar el papel de las plataformas, “es importante que se piense, sobre todo, en la responsabilidad de las plataformas, que no solo son conscientes de lo que hacen, sino que diseñan sus propias plataformas para que pasemos más tiempo en ellas”.

En los últimos años también han aumentado las medidas para limitar o prohibir los celulares en las aulas. Hace unos meses, Francia anunció que reforzará la prohibición del uso de 'smartphones' en los colegios de secundaria almacenándolos en casilleros o bolsas selladas. El país galo afirma que la prohibición de teléfonos móviles -vigente por ley desde el 2018- ha ofrecido resultados positivos con los estudiantes más concentrados y un mejor ambiente en los centros de enseñanza.

En Portugal, Países Bajos y Reino Unido se debaten igualmente medidas similares, aunque menos estrictas. En Latinoamérica, Brasil ha puesto restricciones en colegios, mientras que en Perú el Gobierno acaba de promulgar la Ley 32385, que restringe el uso de celulares en aulas de primaria y secundaria.