Escrivá no incorporó al informe anual del Banco de España los borradores sobre pensiones

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, modificó el informe anual que todos los años publica la institución. En el informe definitivo no aparece una parte de los contenidos previos que habían preparado los equipos técnicos del organismo antes de que los textos llegaran al consejo de la institución, según confirman diversas fuentes y se desprende de varios borradores del documento a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El supervisor sostiene que todo lo que hizo el gobernador fue “dar sugerencias”. Y añade que los párrafos que desaparecieron, algunos referidos a materias sensibles como las pensiones o el gasto en defensa, formaban parte de “textos de prueba”. “En pensiones, todos los textos dejaban claro que la versión definitiva recogería las conclusiones de la Autoridad Fiscal (Airef) en su informe del 31 de marzo. En cuanto se publicó esa evaluación se escribió el texto definitivo sobre pensiones, que se debatió en el consejo el 7 de abril y se publicó tal cual lo había redactado la dirección de economía, sin ninguna modificación”, según fuentes oficiales del supervisor.

Pero previamente el texto era distinto. Los borradores a los que ha tenido acceso este diario subrayaban que la economía española se enfrenta “a retos demográficos sin precedentes” y que las presiones sobre la partida de pensiones “se van a intensificar”. Destacaban que, a pesar de que se ha dotado de más ingresos al sistema, “las medidas aprobadas en los últimos años han aumentado las obligaciones de gasto a futuro”, una referencia a la reforma que diseñó Escrivá cuando era ministro de la Seguridad Social.

Añadía que los efectos sobre las cuentas públicas del envejecimiento no se circunscriben solo a las pensiones, sino también a la sanidad y los cuidados de larga duración. Y se reclamaban medidas adicionales en pensiones, extremo que tampoco aparece en el texto final: “El plan de consolidación fiscal debería identificar las partidas que más han aumentado en los últimos años y, por un lado, evaluar la posibilidad de lograr mejoras en la eficiencia de ese gasto y, por otro, reconocer la necesidad de generar nuevos ingresos para financiarlas. En este contexto, de cara al futuro, sería deseable profundizar en varios aspectos relativos al ámbito de las pensiones”. La semana pasada Escrivá declaró que el banco no tenía capacidad técnica para analizar las pensiones y que no podía añadir valor a los estudios que ha realizado la Autoridad Fiscal.

“Todo esto se ha perdido en el proceso de edición”, afirma una de la media docena de fuentes consultadas en el banco, siempre bajo la condición del anonimato. “Siempre entran y salen cosas fruto del debate, se modifican algunas, se cambian los énfasis, pero es la primera vez que buena parte del trabajo realizado durante el año por el servicio de estudios no se publica”, añade otra fuente. Portavoces de la institución explican que los borradores se someten a reescritura y reiteran que, en el caso de las pensiones, siempre estuvo claro que cualquier texto inicial iba a estar condicionado al informe de la Autoridad Fiscal del 31 de marzo. “Este documento era lo realmente novedoso y suponía un análisis profundo, y eso fue lo que se decidió destacar este año. Se adaptó el texto del informe anual para reflejarlo”, indican en el banco.

Fuentes oficiales agregan que el banco emitió un comunicado diciendo que se introdujeron modificaciones porque algunos consejeros expresaron sensibilidades distintas. Sin embargo, muchos de estos cambios se formularon antes de que llegaran los textos al consejo, según se puede constatar en los borradores.

Los borradores tocaban un amplio abanico de temas. Señalaban que los nuevos compromisos de gasto en defensa obligan a cambiar el plan fiscal pactado con Bruselas para darle espacio a estas partidas. Se hablaba de un “necesario ajuste fiscal” y se documentaba con datos de la Seguridad Social que tras la reforma laboral ha disminuido el empleo en las empresas con alta temporalidad, en concreto en el 25% que presenta una mayor proporción de contratos temporales.

Del salario mínimo se decía que subidas adicionales requerirían ponderar la heterogeneidad de las empresas y las diferencias en productividad. Sobre la reducción de jornada se explicaba que era un factor adicional que podría introducir más presión en los costes laborales: “Aunque falta la información para medir su incidencia, las estimaciones sugieren que sus efectos serían muy heterogéneos entre sectores”. El propio Escrivá ha dicho en público que la reducción debería hacerse a través de la negociación colectiva, recuerdan en la institución.

En la cuestión de los fondos europeos, asimismo, se apuntaba que la inversión privada productiva se ha comportado mucho mejor en otros países que han recibido proporciones similares de dinero, como Italia, Grecia y Portugal. Es decir, subyacía la idea de que en España se han diseñado de forma que no tiran tanto de la inversión empresarial.

Y respecto al problema de la vivienda, los borradores pedían coordinación y medidas que no vayan contra la oferta: en otras palabras, eso implica cierto rechazo a iniciativas como el control de precios en el alquiler. En cuanto a la desigualdad, decía que la brecha por renta ha mejorado, pero que sigue siendo elevada en comparación con Europa. Y decía que la desigualdad por patrimonio, aunque está en unos niveles bajos, ha empeorado debido a la vivienda. En la sección sobre desigualdad que fue suprimida se incluía un dato revelador sobre cómo ha empeorado la desigualdad intergeneracional debido a las sucesivas crisis económicas y a la evolución del mercado inmobiliario: el gasto real (descontando la inflación) a los 40 años es un 17% más reducido entre las generaciones nacidas en torno a 1980 que entre las nacidas en los años sesenta; y un 6% inferior que entre las nacidas en los años setenta.

Esos asuntos figuraban en los borradores, pero no vieron la luz en el informe finalmente publicado. Una parte que versaba sobre demografía se eliminó. También la de desigualdad. Y las secciones de vivienda e inmigración fueron reducidas. Según se puede comprobar en los sucesivos borradores y corroboran diversas fuentes, los textos fueron suprimidos días antes del consejo del banco del 13 de marzo, cuando la fecha de publicación prevista inicialmente era el 28 de abril. Eso se hizo sin que tuviera conocimiento de ellos el consejo. Y esto dejó el informe en un documento más corto que en ediciones anteriores. A cambio, se decidió incluir a toda prisa más análisis sobre la guerra comercial. El 13 de marzo se presentaron ante el consejo unos índices, todavía sin los textos elaborados. El 7 de abril se discutió si se tendría que retrasar la publicación para incorporar los efectos del conflicto arancelario. Al final, la fecha para publicarlo se dejó en el pasado 20 de mayo.

En el informe que finalmente se publicó apenas se incluyeron recomendaciones de política económica, como era habitual con los anteriores gobernadores. Fuentes del banco señalan que cada gobernador determina qué énfasis decide darle al documento. Tras su difusión, dimitió el director del servicio de Estudios, Ángel Gavilán. A continuación, se anunció otra reestructuración del departamento: desde la llegada de Escrivá la plantilla de esta dirección ha pasado de unos 400 efectivos a algo más de un centenar, divididos entre nacional e internacional. El resto han sido recolocados en otras secciones.

El informe anual ha sido siempre responsabilidad del servicio de estudios. Este departamento lo redacta y tiene en cuenta las orientaciones del gobernador. Luego hay un proceso de comentarios del consejo de gobierno, que se negocian y que pueden recogerse o no en el texto final. El consejo no escribe ese informe: simplemente lo aprueba.

Escrivá siempre ha defendido que la misión del banco no debe ser opinar sobre las políticas del Gobierno, sino asesorar de forma previa, incluso presentando al Consejo de Ministros estudios sobre temáticas concretas. Además, argumenta que en algunas políticas es difícil reaccionar a corto plazo, cuando no hay evidencias empíricas suficientes como para evaluar apropiadamente las medidas que aprueba el Ejecutivo. Se riñe demasiado y se opina sobre todo, suele decir en privado el actual gobernador. Desde la etapa de Luis Ángel Rojo en el servicio de estudios, allá por los años setenta, el banco siempre había asumido el papel de Pepito Grillo, y había usado el informe anual, con un mayor o menor grado de crítica, como un ariete para señalar los retos y las reformas que precisaba la economía.