Congreso aprueba control militar de la Guardia Nacional; crece el temor
Tras una maratónica y ríspida sesión de casi 10 horas, la Cámara de Diputados aprobó la polémica reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), consolidando un giro militar en la seguridad pública del país.
En una de las decisiones más trascendentales en materia de seguridad de los últimos años, el pleno de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la iniciativa presidencial para reformar la Ley de la Guardia Nacional. Con una votación de 351 a favor y 124 en contra, la mayoría oficialista concretó el traspaso del mando de la corporación al Ejército, una medida que la oposición califica como una «militarización» inconstitucional y un grave riesgo para los derechos humanos.
La aprobación, que se dio en el marco del cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum, desató un acalorado enfrentamiento en el recinto de San Lázaro y ahora pasa al Senado para su ratificación final, mientras la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad sobre el tema.
El Fondo de la Reforma: ¿Qué Cambia para la Guardia Nacional?
La reforma modifica un conjunto de leyes para que la Guardia Nacional, creada en 2019 con un mandato constitucional de ser una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quede ahora bajo el control sectorial, operativo y administrativo de la SEDENA.
Más allá del cambio de mando, la nueva legislación otorga a la GN facultades que han encendido las alarmas en la oposición y en organizaciones civiles. Entre ellas se incluyen la capacidad para realizar operaciones encubiertas, vigilancia masiva en internet, uso de usuarios simulados en redes sociales e intervención de comunicaciones privadas. Estas atribuciones son la base de la acusación de que se está creando una «#LeyEspía» que podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos sin controles judiciales adecuados.
Choque en San Lázaro: «Hipocresía» vs. «Militarización»
El debate en el pleno fue un reflejo de la profunda polarización que genera el tema. La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, argumentó que la reforma viola flagrantemente el artículo 21 de la Constitución, que establece la naturaleza civil de la GN. Acusaron a la mayoría de subvertir el consenso alcanzado en 2019 y de entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas.
Por su parte, el oficialismo defendió la medida como necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En uno de los momentos más tensos, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, lanzó un reto a la oposición.
«Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios y en sus estados. Hipocresía pura.» – Ricardo Mejía Berdeja, Diputado del PT.
La diputada del PT, Lilia Aguilar, fue más allá y desafió a los gobernadores de oposición a renunciar a la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios si tan en desacuerdo estaban con su estructura.
La Sombra de los Derechos Humanos: ¿Qué Dicen las Cifras?
Más allá del debate político, el núcleo de la preocupación ciudadana radica en el historial de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Datos oficiales y de organismos autónomos pintan un cuadro preocupante que la oposición usó para sustentar sus temores.
Según un análisis de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto la SEDENA como la propia Guardia Nacional se encuentran entre las diez autoridades con más señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos.
Un estudio comparativo basado en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI revela una disparidad alarmante:
* Incomunicación: El 59% de las personas detenidas por militares reportaron haber sido incomunicadas, frente al 47.5% de las detenidas por policías civiles.
* Violencia física: El 54.8% de los detenidos por militares afirmaron haber recibido golpes o patadas, en comparación con el 39.5% de los detenidos por policías civiles.
Estos datos sugieren que el riesgo de abuso de la fuerza y violaciones procesales es estadísticamente mayor cuando intervienen elementos con formación militar, un punto central en el argumento contra la reforma.
Guardia Nacional – Un Giro de Poder y Percepción
| Métrica / Aspecto | Modelo Civil (Mandato Constitucional 2019) | Control Militar (Realidad Post-Reforma 2025) |
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| Estructura de Mando | Adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mando civil. | Control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). |
| Marco Legal y Doctrina | Carácter civil y doctrina policial, según el Artículo 21 Constitucional. | Regulación y jerarquía militar, con personal mayoritariamente proveniente de SEDENA y SEMAR. |
| Quejas DDHH (CNDH 2024) | Objetivo de ser una policía de proximidad con respeto a los DDHH. | SEDENA y GN están en el top 10 de autoridades con más quejas. |
| Confianza Pública (INEGI) | Construir confianza a través de un modelo de policía ciudadana. | Alta confianza (77.2% para GN, 84.3% para SEDENA), pero con alto reporte de abusos en detenciones. |
| Postura Política | Consenso multipartidista para una fuerza civil. | Aprobado por mayoría oficialista; rechazo total de la oposición por «inconstitucional». |
El Camino al Senado y la Corte: La Batalla Legal Apenas Comienza
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma ahora será discutida en el Senado de la República, donde se espera un debate igualmente intenso. Sin embargo, la última palabra sobre la constitucionalidad de esta transferencia de poder no la tendrá el Legislativo.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad (AI 137/2022) presentada por la oposición precisamente contra un decreto anterior con el mismo objetivo. Los argumentos de dicha acción se centran en que una ley secundaria no puede contradecir el mandato explícito de la Constitución sobre el carácter civil de la Guardia Nacional. El futuro de la seguridad en México, por tanto, se decidirá tanto en el Senado como en los tribunales.
La Verdad Yucatán
