Inhabilitan a empresa de seguridad privada ligada a cierre del INAH

En junio de 2025, miles de visitantes quedaron sorprendidos al encontrar cerradas las puertas de algunos de los recintos culturales más importantes de México. El Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y hasta el Castillo de Chapultepec interrumpieron sus actividades por una razón insólita: la falta de personal de seguridad derivada de una polémica licitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Meses después, la historia tuvo un nuevo capítulo. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció la inhabilitación por un año de la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las compañías involucradas en aquel conflicto. La sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que, durante ese periodo, ninguna dependencia de los tres niveles de gobierno podrá contratar a la firma.

Todo comenzó el 30 de mayo, cuando el INAH dio a conocer los resultados de la licitación pública LA-48-D00-048D00001-N-5-2025, en la que adjudicó contratos de seguridad a tres empresas. Grupo Pryse de México tendría a su cargo la vigilancia de recintos en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.

Sin embargo, la noticia desató inconformidad entre trabajadores del Instituto. La falta de acuerdos y el retraso en la llegada del personal de seguridad provocaron que museos emblemáticos cerraran sus puertas temporalmente, generando críticas nacionales e internacionales.

La SABG no detalló los motivos exactos de la sanción ni el monto de la multa impuesta. Sin embargo, señaló que si al término del año de inhabilitación la empresa no liquida la sanción económica, la medida seguirá vigente hasta el pago correspondiente.

La compañía aún tiene derecho a impugnar la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), lo que podría frenar o anular la sanción.

Un punto relevante es que los contratos previamente formalizados con dependencias gubernamentales no quedarán comprometidos, por lo que no habrá afectaciones inmediatas en los servicios de seguridad ya en curso.

Más allá de la sanción, el caso reabre un debate mayor: la fragilidad de la gestión de seguridad en los recintos culturales de México. Museos como el Nacional de Antropología o el Templo Mayor no solo resguardan piezas históricas de valor incalculable, sino que son también puntos de encuentro para millones de visitantes al año.

El cierre temporal de estos espacios en junio generó un impacto simbólico: la cultura se paralizó por falta de vigilancia. Para especialistas, el episodio refleja la necesidad de mayor transparencia y planificación en la contratación de servicios privados que tienen incidencia directa en el acceso a la cultura.

La inhabilitación de Grupo Pryse abre la puerta a nuevas licitaciones y a la búsqueda de empresas que garanticen estabilidad en la vigilancia de los recintos. Para el INAH, el reto no solo es asegurar museos y zonas arqueológicas, sino también restaurar la confianza de trabajadores y visitantes.

En un país donde la cultura es un motor de identidad y turismo, cada decisión administrativa tiene repercusiones sociales y económicas. La sanción a Grupo Pryse marca un precedente, pero también deja preguntas abiertas: ¿cómo garantizar que la historia y el patrimonio de México estén siempre protegidos?