Elección Judicial Bajo Escrutinio OEA; Aumentan Secuestros Virtuales

México se encuentra en un punto de inflexión con dos temas críticos en la agenda nacional: las contundentes críticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la reciente elección judicial y la alarmante escalada de secuestros virtuales dirigidos a estudiantes universitarios.

La autonomía del Poder Judicial en México ha sido objeto de un escrutinio internacional significativo, con la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtiendo que la reciente elección judicial «no garantiza la autonomía o independencia del Poder Judicial» y recomendando no replicar este modelo en otros países. El informe oficial de la Misión de Observación Electoral de la OEA, publicado el 6 de junio de 2025, concluye que el proceso electoral no asegura la solvencia técnica ni las capacidades necesarias de los individuos elegidos para sus cargos. Esta observación es crucial, ya que la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier estado de derecho.

La OEA expresó «dudas razonables» sobre la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando un hecho particular: seis de las nueve candidaturas más votadas fueron nominadas por el comité del Poder Ejecutivo. Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso y la verdadera independencia de los jueces. La baja participación ciudadana en esta elección agrava la preocupación, con más del 85% del electorado absteniéndose de votar. Esta cifra no solo afecta la legitimidad del proceso, sino que también refleja una posible desconexión o desconfianza de la ciudadanía hacia este ejercicio democrático. Si el público no se involucra, la legitimidad de los funcionarios electos se debilita, lo que puede impactar la aplicación de la ley y la percepción de la justicia.

Paralelamente, el país enfrenta una creciente amenaza en el ámbito de la seguridad: el aumento de los secuestros virtuales. La Universidad de Guadalajara (UdeG) ha reportado 40 casos de secuestros virtuales dirigidos a sus estudiantes en lo que va de 2025. Las autoridades han logrado frustrar seis de estos intentos entre enero y junio, pero la cifra general sigue siendo alarmante.

La modalidad de estos secuestros virtuales implica que los criminales engañan a las familias para exigir dinero, utilizando la manipulación psicológica y la explotación de la conectividad digital. El modus operandi incluye el aislamiento de las víctimas mediante amenazas, la solicitud de encuentros en lugares públicos para obtener fotografías que luego se envían a las familias, y la interrupción de la comunicación instruyendo a la víctima a apagar su teléfono o cambiar su número. La información compartida en redes sociales también es utilizada por los secuestradores para conocer la ubicación o rutina de las víctimas, explotando sus hábitos y comportamientos.

Esta evolución en las tácticas delictivas, que explota la conectividad digital y la falta de conciencia sobre la ciberseguridad, implica que las estrategias de prevención deben ir más allá de la seguridad física. Es fundamental adaptar las medidas de protección a la alfabetización digital y lanzar campañas de concienciación pública, especialmente dirigidas a jóvenes y sus familias, para combatir eficazmente esta amenaza emergente. La vulnerabilidad reside tanto en la presencia física como en la digital y la susceptibilidad psicológica. La UdeG, por ejemplo, ha implementado programas como «Universidad Segura», que incluyen «Escuela Segura», «Entorno Seguro» y «Senderos Seguros», para promover la seguridad y la cultura de denuncia.