PND 2025-2030: Gobernanza y justicia en la mira

El gobierno de México ha presentado su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, el documento rector que delineará los objetivos y acciones de la administración durante el próximo sexenio, con un enfoque central en la gobernanza, la justicia y la participación ciudadana.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 se erige como la hoja de ruta del gobierno mexicano para los próximos seis años, articulando sus objetivos y acciones en diversas esferas. Este plan se fundamenta en los «Cien Compromisos de gobierno para el periodo 2025-2030″, estructurados en Catorce Repúblicas, y se enmarca en los principios del Humanismo Mexicano. Entre estos principios destacan la prosperidad compartida, la honestidad en la gobernanza, la democracia como gobierno del pueblo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la no represión, la promoción de la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

El PND busca fortalecer el Estado de bienestar, garantizar la seguridad con justicia, impulsar un desarrollo económico equitativo y asegurar la sostenibilidad como base del futuro del país. En el ámbito de la seguridad, la estrategia se cimienta en cuatro ejes principales: atención a las causas profundas de la criminalidad, el uso de inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la promoción de la cero impunidad. Un punto central de la propuesta en materia de justicia es la búsqueda de una mayor autonomía del Poder Judicial, la cual se pretende alcanzar a través del voto popular para jueces, magistrados y ministros, con el objetivo declarado de erradicar la corrupción en este poder.

Sin embargo, esta propuesta de autonomía judicial mediante el voto popular genera una contradicción directa con las advertencias emitidas por la OEA y diversos expertos en la materia. La OEA, en su informe, ha señalado explícitamente que la elección judicial, tal como se implementó, no garantiza la autonomía ni la independencia del Poder Judicial, e incluso podría debilitarla. Esta discrepancia entre el objetivo político enunciado en el PND y las observaciones externas sobre los resultados de la elección judicial subraya un desafío significativo para el gobierno en la reconciliación de su narrativa con las críticas y los resultados observados.

El PND enfatiza la participación ciudadana como un pilar fundamental en su elaboración, destacando la realización de foros en todo el país para recabar la opinión del pueblo de México. Este compromiso con la participación popular es un principio central del plan. No obstante, la reciente elección judicial, que también fue presentada como un ejercicio de participación democrática, registró una abstención extremadamente alta, superando el 85% del electorado. Esta baja participación sugiere una posible brecha entre la intención declarada del gobierno de fomentar la participación ciudadana y la respuesta real del público, o la percepción de la efectividad de dichos mecanismos. El resultado de la elección judicial plantea interrogantes sobre la profundidad de la «participación ciudadana» y si estos foros realmente capturan el sentir popular o son principalmente simbólicos.

El gobierno enfrenta el reto de alinear su visión de un Poder Judicial autónomo y participativo con la realidad de un proceso electoral que ha sido cuestionado por su legitimidad y por la influencia del Ejecutivo en la nominación de candidatos. La implementación de los ejes del PND en un contexto de críticas sobre la independencia judicial y la baja participación ciudadana será un factor determinante para el éxito de la administración en sus objetivos de gobernanza y justicia. La capacidad de abordar estas discrepancias y construir una confianza genuina en las instituciones será crucial para el futuro político de México.