Impuestos: La reforma a la rebaja del 10% de impuestos a los jubilados resultará en 1,4 millones de perdedores, según el Instituto de Políticas Públicas.

Aproximadamente uno de cada doce jubilados pagará más impuestos sobre la renta o recibirá menos beneficios sociales.

Un breve recordatorio: en el proyecto de ley del primer ministro François Bayrou, que se examinará en la Asamblea Nacional al inicio del nuevo curso escolar, además de la congelación de las pensiones decidida con el famoso "año fiscal en blanco" , se modifica la reducción fiscal del 10% de la que se benefician los jubilados al calcular su renta imponible. La medida se introdujo en 1978 para compensar los gastos profesionales de los jubilados que aún conservan un pequeño empleo. En lugar de esta reducción del 10%, el ministro de Economía, Éric Lombard, anunció una reducción fiscal a tanto alzado de 2.000 € por jubilado (4.000 € por pareja) para que declaren menos ingresos a Hacienda.

Según el Instituto de Políticas Públicas (IPP), esta fórmula para calcular la renta imponible penalizaría a casi un millón y medio de personas (1.400.000, para ser precisos). Estas personas pagarían más impuestos o simplemente recibirían una pensión más baja. Según el Instituto, sustituir la desgravación fiscal del 10% por una tasa fija de 2.000 € beneficiaría en última instancia solo a unas 100.000 personas, es decir, a menos del 1% del total de jubilados. Los jubilados considerados más ricos estarían obligados a cotizar, sin que ello suponga una compensación significativa para quienes tienen los ingresos más bajos.

¿Significa esto que el gobierno se beneficiaría del cambio? Sí, obviamente, ya que recuperaría más dinero en general que hoy. La ganancia prevista para el Estado sería de mil millones de euros, prueba de que la reforma propuesta durante el "año blanco" de 2026 se traduciría en una subida de impuestos. Y esto solo afecta a los jubilados.

El Instituto de Políticas Públicas también señala que quedan varios puntos por aclarar, como si también se modificará el método de cálculo de los ingresos que dan derecho a prestaciones sociales . Esto incluye las prestaciones de solidaridad para las personas mayores, las prestaciones de vivienda, etc. Esto podría generar intensos debates en el Parlamento tan pronto como comience la nueva legislatura.